Justicia habilita feria para tratar reclamo de comedores por alimentos
Organizaciones sociales demandan que 63 comedores vuelvan al registro oficial para recibir alimentos. La Justicia interviene en medio de la tensión con Capital Humano.
El juez federal Enrique Lavié Pico decidió habilitar excepcionalmente la feria judicial para abordar el reclamo de 63 comedores comunitarios que exigen ser reincorporados al registro oficial de beneficiarios de alimentos. Las organizaciones sociales involucradas señalaron que los centros comunitarios, vinculados a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (Faccyr), habían cumplido con todos los requisitos y documentaciones solicitadas en años anteriores.
El reclamo de los comedores
Los comedores que presentaron la denuncia están registrados en el Renacom, lo que les permitía recibir alimentos a lo largo de los últimos años. Según informó el periodista Ariel Zak las organizaciones sociales insistieron en que la suspensión de la entrega de alimentos ponía en riesgo a las familias que dependen de estos centros para su sustento.
El juez Lavié Pico fundamentó su decisión en la urgencia del reclamo, afirmando que la demora causada por la feria judicial de enero podría ocasionar un daño irreversible a los derechos de los comedores. En sus palabras: “La demora impuesta por el receso judicial entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos”.
La batalla entre los comedores y Capital Humano
Este conflicto no es el primero que enfrenta el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. A lo largo de los últimos meses, varias organizaciones sociales han denunciado el acopio de grandes cantidades de alimentos y la falta de distribución a los comedores comunitarios. Un episodio destacado fue la denuncia del dirigente social Juan Grabois, quien acusó a Pettovello de "incumplir con los deberes de funcionario público" y de "suspender la entrega de alimentos básicos".
El contexto político y judicial
En medio de este clima tenso, el juez federal Sebastián Casanello le dio al gobierno 72 horas para presentar un informe detallado sobre los alimentos acopiados y un plan de distribución. Sin embargo, el gobierno no cumplió con el plazo, lo que intensificó las acusaciones de mal manejo de recursos en medio de la crisis social.
Como respuesta a las crecientes críticas, el Ministerio de Capital Humano, con la colaboración de vehículos del Ejército, inició un operativo para distribuir los alimentos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo. A su vez, firmaron un acuerdo con la Fundación CONIN, que mediante 64 centros de distribución, facilitará la entrega de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores más vulnerables del país.
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