La Corte Suprema rechazó reclamo de municipios por el 'fondo sojero'
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el reclamo de municipios bonaerenses que demandaban al Estado Nacional por la distribución de fondos provenientes del derogado Fondo Federal Solidario (FOFESO). La decisión, revoca una sentencia de la Cámara Federal de Mar del Plata, que había permitido a los municipios avanzar con su demanda en contra del decreto 756/2018 de la administración de Mauricio Macri, que eliminó dicho fondo.
Este fondo, creado en 2009 durante el conflicto por la resolución 125, tenía como objetivo financiar obras provinciales y municipales a partir de un porcentaje de los derechos de exportación de soja. En total, el 30% de los ingresos por estas exportaciones eran destinados a mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en áreas urbanas como rurales. Sin embargo, la distribución de estos fondos estaba bajo la potestad de las provincias que adherían al régimen.
El conflicto judicial: ¿Quién tiene legitimación para demandar?
El origen de este conflicto se remonta a la decisión del entonces presidente Mauricio Macri de derogar el FOFESO mediante el mencionado decreto 756/2018. A raíz de esto, varios municipios consideraron que el Estado Nacional les había privado de recursos importantes para sus obras, y decidieron llevar la disputa a la Justicia.
Un municipio costero presentó la demanda para que el decreto fuera declarado nulo, aduciendo que los fondos recaudados en concepto de derechos de exportación de soja debían ser distribuidos entre las distintas comunas. En primera instancia, un juez federal rechazó la demanda, alegando que los municipios no tenían legitimación para cuestionar la eliminación del fondo.
Sin embargo, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la decisión del juez y permitió que el caso continuara. En ese marco, el Estado Nacional apeló la resolución, argumentando que la creación, modificación y derogación de fondos como el FOFESO era una facultad exclusiva del Gobierno Federal, y que los municipios no contaban con la legitimación necesaria para demandar.
La postura de la Procuración y el fallo de la Corte
La Procuradora General de la Nación, Laura Monti, fue quien presentó el dictamen que finalmente fue respaldado por la Corte Suprema este jueves. En su análisis, Monti destacó que los municipios no tenían vínculo jurídico directo con el Estado Nacional en lo que respecta al fondo instituido por el decreto 206/09. "El hecho de que el municipio demandante hubiere recibido de la provincia de Buenos Aires un porcentaje de los fondos recaudados por el FOFESO, originados en derechos de exportación aplicados sobre la soja, no le otorga legitimación suficiente para solicitar la declaración de inconstitucionalidad del decreto 756/18", explicó la procuradora.
En resumen, la Corte Suprema coincidió con la postura del Estado Nacional, ratificando que los municipios no tienen legitimación activa para demandar al Gobierno Federal en esta cuestión. De esta forma, el máximo tribunal desestimó el recurso presentado y dejó firme la eliminación del FOFESO.
Repercusiones políticas y económicas
La decisión de la Corte se produce en un contexto donde la discusión sobre el reparto de recursos entre el Gobierno Nacional y las provincias sigue siendo un tema de fuerte debate en el ámbito político. En el caso del FOFESO, su eliminación supuso un ajuste en la distribución de recursos fiscales, que tradicionalmente beneficiaban a las provincias que adherían al fondo. La derogación de este mecanismo también fue parte de una serie de medidas implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri para modificar el esquema de distribución de los recursos fiscales en beneficio de las provincias.
Desde el punto de vista económico, el fallo reafirma la decisión de la administración nacional de concentrar el control sobre los fondos de exportación de soja, un recurso clave en la economía argentina. Mientras tanto, los municipios afectados por la medida deberán buscar nuevas fuentes de financiamiento para poder concretar las obras que antes eran financiadas por el FOFESO.