¿Por qué el Gobierno declaró terrorista a la RAM y cuáles son las consecuencias?

Con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno nacional oficializó la inscripción de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial bajo la resolución 210/2025, considera a la organización liderada por Facundo Jones Huala como una "amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público".

La decisión se produce en un contexto marcado por los incendios forestales en la Patagonia, varios de los cuales se sospecha que fueron provocados intencionalmente. En este escenario, cobraron especial relevancia las recientes declaraciones de Jones Huala, quien en el marco de la reciente presentación de su libro, reivindicó la violencia como "método de lucha" contra el capitalismo y la opresión.

"Reivindicamos los sabotajes, y yo particularmente, como miembro de una organización político-militar, reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista", afirmó públicamente el referente mapuche.

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La resolución y sus fundamentos

La resolución establece que la RAM cumple con los requisitos del decreto 918/2012 para su inscripción en el RePET y ordena la adopción de medidas para prevenir, investigar y reprimir su accionar. "La RAM actúa en coordinación con otras agrupaciones con nombres de fantasía, pero que sin duda responden a su coordinación y al alcance de los mismos objetivos", señala el documento, que también resalta la necesidad de cortar sus vías de financiamiento.

Días atrás, el Gobierno ya había presentado una denuncia penal contra Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. La acusación recayó en el juzgado federal de Bariloche, a cargo de Hugo Grecca. En la presentación judicial, se vinculó al dirigente con los incendios en la Comarca Andina y el ataque incendiario en Trevelin, Chubut.

Debate y reacciones

Desde sectores afines a la comunidad mapuche, cuestionaron la decisión del Gobierno y la calificaron de "criminalización" de la lucha indígena. Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas, aseguró que "el anuncio de Bullrich es puro humo" porque la inscripción en el RePET debería surgir de una investigación judicial y no de una decisión ejecutiva.

Por su parte, Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, denunció "desinformación" en torno a la presunta responsabilidad mapuche en los incendios. "Casualmente, los incendios nunca ocurren en tierras de Lewis, Benetton o Papel Prensa. Siempre se quiere culpar a la comunidad mapuche", afirmó en declaraciones radiales.

El propio Jones Huala intentó desmarcarse de los incendios en la Comarca Andina, aunque ratificó su adhesión a la "rebelión frente a la opresión". "Jamás hemos atacado nuestro entorno ni a nuestra gente. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente, pero es mentira", aseguró.

¿Qué implica ser considerada organización terrorista?

El ingreso de la RAM al RePET abre la puerta a sanciones financieras, restricciones legales y mayores penas de prisión para sus integrantes. Esto podría dificultar sus redes de apoyo y financiamiento, además de habilitar al Gobierno a intensificar su persecución judicial.

El conflicto entre el Estado y la RAM continúa sumando capítulos, mientras la Patagonia se ve azotada por incendios devastadores que ya arrasaron miles de hectáreas. En este contexto, miles de vecinos de Río Negro, Chubut y Neuquén se movilizaron en protesta tanto contra la gestión de los incendios como contra la criminalización del pueblo mapuche.

Las marchas fueron una respuesta a las políticas de seguridad impulsadas por la ministra Patricia Bullrich, a quien los manifestantes acusaron de priorizar la persecución de los sospechosos por sobre la protección de los territorios afectados. La situación se complejiza aún más con las detenciones de activistas vinculados a la RAM, como la reciente aprehensión de Victoria Dolores Núñez Fernández, quien estaría vinculada al ataque a la estancia Amancay. A medida que los focos de incendio siguen activos, la región se encuentra en medio de una creciente tensión entre el reclamo ambiental y la intensificación de la persecución estatal.