El Gobierno privatiza Corredores Viales y habilita nuevos peajes

El gobierno nacional oficializará la privatización de Corredores Viales S.A., empresa encargada de la administración de rutas y autopistas en varias provincias argentinas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la decisión será instrumentada a través de un decreto que se publicará el lunes y que la nueva concesión incluirá el cobro de peajes para el mantenimiento de la infraestructura vial.

Privatización y concesión: el nuevo esquema de gestión

Corredores Viales S.A. es una empresa estatal cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas (51%) y Vialidad Nacional (49%). Según lo informado por el gobierno, su privatización se realizará bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. Bajo este esquema, el sector privado se encargará de ejecutar las obras y gestionar los corredores a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho a cobrar peajes a los usuarios.

La empresa es responsable de la administración de 8.470 kilómetros de rutas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y San Luis, además del Acceso Riccheri en la Ciudad de Buenos Aires.

El plan oficial incluye la concesión de otros corredores que hasta ahora no estaban privatizados, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. En total, la licitación se dividirá en once tramos.

Audiencia pública y licitación

El Gobierno convocó para finales de febrero a una audiencia pública en la que se debatirá la licitación de la denominada "Ruta del Mercosur", un tramo de 670 kilómetros que durante los últimos 30 años fue operado por la empresa privada CRUSA. La administración de Javier Milei busca extender este modelo a toda la red que actualmente gestiona Corredores Viales S.A.

En la Casa Rosada consideran que la empresa estatal "duplicaba funciones" con la Dirección Nacional de Vialidad, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Su disolución se enmarca dentro del plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno, que también incluye otras compañías estatales como Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.

Un cambio en el modelo de infraestructura

Con esta privatización, el Gobierno busca reducir la presencia estatal en la gestión de las rutas y fomentar la participación privada en el desarrollo de obras de infraestructura. "Aún en un contexto de dificultades económicas, la decisión apunta a garantizar el mantenimiento de las rutas sin que el Estado deba financiarlo", aseguraron desde el Ejecutivo.

Los detalles del nuevo esquema de concesión, así como los montos de los futuros peajes, se definirán en la audiencia pública y en la posterior adjudicación de los tramos a empresas privadas. El proceso de transición podría demorar varios meses, pero el objetivo del Gobierno es avanzar rápidamente en la implementación del nuevo sistema.