Vicentin vuelve a operar tras el auxilio de sus competidoras

En un contexto económico cada vez más complejo para la industria nacional, y con el Gobierno de Javier Milei recortando presencia del Estado en sectores estratégicos, una de las principales empresas agroindustriales del país, Vicentin, logró un inesperado salvataje que le permite, al menos por seis meses, volver a producir y sostener el empleo de cerca de mil trabajadores.

La novedad llega tras una serie de reuniones entre el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, interventores judiciales, empresas del sector agroexportador y el gremio aceitero SOEA. Ocho compañías líderes del mercado, entre ellas Viterra, Bunge, Cargill, Dreyfus y Molinos Agro, firmaron contratos para procesar más de 500.000 toneladas de soja mensuales en las plantas de San Lorenzo y Ricardone, bajo la modalidad a fasón.

Reactivación productiva en medio del caos

Según confirmaron fuentes oficiales, los contratos se extenderán por seis meses, con un piso de entre 350.000 y 380.000 toneladas mensuales para la planta de San Lorenzo y otras 250.000 para Ricardone.

Este volumen garantiza la continuidad operativa y el pago de salarios en una empresa que había quedado al borde de la quiebra, y cuya caída hubiera tenido consecuencias devastadoras para la región y el empleo industrial.

“Este esquema no sólo reactiva la planta, sino que evita un desastre social”, señalaron desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), que celebró el entendimiento como un paso firme para mantener la paz social en plena crisis.

La pulseada gremial: “Se come o no se come”

El secretario general del SOEA, Daniel Succi, se mostró optimista pero no bajó la guardia. “Los trabajadores no pueden especular con su salario. Se come o no se come. Que lo tengan presente a la hora de acompañar este proceso”, remarcó en declaraciones a la prensa, en un claro mensaje a empresarios e interventores.

El sindicalista valoró los avances en la audiencia celebrada en la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo provincial, donde se oficializó el ingreso de las ocho firmas que ampliaron la oferta de soja para molienda, pasando de 320.000 a más de 510.000 toneladas mensuales.

“No es casualidad. Es el trabajo silencioso del sindicato y la voluntad de ordenar la empresa”, destacó Succi, aunque advirtió que la prioridad sigue siendo el pago de los sueldos: “Ellos podrán tener ganancias, pero nosotros necesitamos cobrar nuestros sueldos”.

Salarios: avances parciales y expectativa de pago

Según explicaron los interventores judiciales Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, esta semana se logró saldar un 20% del salario adeudado de marzo, y el próximo lunes se anunciaría la fecha de pago de entre un 30% y 40% del salario de abril, utilizando fondos propios de la intervención.

En paralelo, las empresas que se sumaron al esquema de molienda fueron instadas a colaborar con el pago de los salarios, como parte del compromiso de sostenimiento del proceso productivo.

“El objetivo es sostener la actividad, pero también asegurar el ingreso de los trabajadores. Sin eso, no hay paz social posible”, remarcaron desde el sindicato.

Una señal en medio del ajuste

Mientras el Gobierno nacional continúa avanzando con su plan de ajuste y desregulación, retirando al Estado de sus funciones históricas en la industria y el empleo, el caso Vicentin representa una excepción que pone el foco en el rol clave de los actores locales, la articulación público-privada y la presión sindical.

No se trata de una solución definitiva, pero sí de un respiro para cientos de familias que dependen de una empresa cuya caída parecía inevitable.

La reactivación también demuestra que hay márgenes de maniobra para sostener la producción nacional, incluso en un contexto adverso. Pero como advirtió Succi, todo dependerá de que los compromisos asumidos se cumplan. Porque en los barrios obreros de San Lorenzo y Ricardone, no hay margen para especulaciones: “Se come o no se come”.