Entrevista GLP. Martín Endere: “Buscamos desburocratizar el acceso a la justicia para las personas de menos recursos”

–Recientemente presentó un proyecto de ley en la Legislatura con el objetivo de facilitar y agilizar el acceso a la justicia para personas de escasos recursos representadas por defensores oficiales. ¿Cuál es el principal problema que busca resolver con esta modificación del Código Procesal Civil?

En principio, el proyecto se trabajó conjuntamente con la defensora oficial de Quilmes, Verónica Knavs. Nos acercaron la inquietud, lo habían trabajado e incluso habían hecho distintas exposiciones dentro del ámbito del Ministerio Público.

Lo que identificaron como problema es que, cada vez que una persona requería la asistencia de un defensor oficial, debía acercarse a la defensoría, donde ya se le hace un examen de su situación económica antes de que el defensor asuma la representación. Sin embargo, una vez que ese proceso terminaba y se presentaban en la Justicia, era necesario además impulsar el beneficio de litigar sin gasto.

Este beneficio es un trámite en el cual se debe probar ante el juez que la persona no tiene medios económicos para afrontar los gastos del juicio. Es decir, se realiza un doble examen sobre la capacidad económica del solicitante antes de poder entrar al fondo de la cuestión.

A partir de ahí empezamos a trabajar. Originalmente, la idea era modificar la Ley del Ministerio Público, particularmente el artículo 33, que establece entre los deberes del defensor oficial la gestión del beneficio de litigar sin gasto. Pero después de estudiar el tema, entendimos que lo más conveniente era hacer una modificación en el Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, en el capítulo que regula ese beneficio.

En ese sentido, el proyecto busca, a través de la creación del artículo 78 bis, establecer una presunción iuris tantum de que toda persona representada por un defensor oficial tiene derecho al beneficio de litigar sin gasto. Es decir, se le da traslado a la contraparte, que si no está de acuerdo deberá probar que la persona tiene los medios económicos para afrontar un juicio.

Lo que se busca es agilizar el proceso y evitar la etapa probatoria, que muchas veces se basa en testigos que no cuentan con medios económicos o que no pueden ser notificados. Entonces, cuando una persona va a buscar ayuda para resolver un problema y la Defensoría Oficial de su departamento ya realizó un análisis de su situación económica antes de asumir su defensa, al llegar a la justicia el juez tiene igualmente la obligación de volver a hacer esa evaluación.

Lo que buscamos con estas modificaciones es evitar todo ese proceso, desburocratizar, y darle herramientas tanto al defensor como al juez, y, por supuesto, a la persona que va a buscar que el servicio de justicia le resuelva la situación, para que sea mucho más rápido. 

–¿Han tomado como referencia experiencias similares en otras provincias argentinas o en otros países?

Sí, por supuesto. A partir del trabajo conjunto con la defensora, identificamos que distintas provincias ya aplican este criterio, reconociendo que la Defensoría Oficial, como órgano del Ministerio Público, tiene las herramientas y el conocimiento para determinar si una persona carece de medios. Esto es lo que agiliza mucho el acceso al servicio de justicia.

La idea es que cualquier ciudadano que no tenga los recursos para pagar una tasa judicial o los honorarios pueda acceder a la Justicia y de manera rápida.

–¿Este proyecto busca enmarcarse dentro de una política más amplia de acceso a la justicia para sectores vulnerables?

Sí, por supuesto. Nosotros identificamos este problema en particular, y lo que buscamos es agilizar, desburocratizar y mejorar el servicio de justicia, sobre todo para las personas con menos recursos. Pero siempre se pueden identificar nuevas cuestiones.

Hacemos nuestro propio trabajo de investigación, pero también escuchamos a los distintos estamentos judiciales y sociales, con el objetivo de identificar problemas, analizarlos y traducirlos en proyectos de ley, esperando contar con el acompañamiento de otros legisladores.

–¿Qué tipo de apoyo ha recibido el proyecto dentro de la Legislatura y también de otros actores del sistema judicial? ¿Cómo ha sido recibido?

La recepción ha sido muy buena, sobre todo dentro del Ministerio Público. He tenido la posibilidad de conversarlo con defensores oficiales generales de distintos departamentos judiciales y coinciden en que el proyecto viene a aportar una solución concreta. Además, obviamente es apoyado por legisladores del bloque.

En cuanto al trámite legislativo, el proyecto acaba de tomar estado parlamentario y seguramente será tratado en comisiones. En conversaciones extraoficiales con actores de distintos espacios políticos, la recepción también ha sido positiva, porque esto no responde a una cuestión ideológica, sino a la necesidad de mejorar el servicio de justicia.

Así que esperamos que el trámite legislativo sea positivo y podamos en algún momento darle la media sanción para trabajarlo también con los senadores, que sería el próximo paso si es que logramos que se apruebe.