Privatización de AySA: se viene el tarifazo y los cortes
En una decisión que marca un giro profundo en el servicio de agua y saneamiento, el Gobierno nacional publicó este martes el Decreto 493/2025, que modifica más de 100 artículos del marco legal de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), habilita el corte del suministro por falta de pago y sienta las bases para su privatización parcial o total.
El DNU fue firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. En los considerandos, el Ejecutivo justifica los cambios por la “insuficiencia” del modelo actual para cubrir la demanda creciente y por la imposibilidad del Estado de seguir subsidiando el servicio.
Agua cortada: qué cambia para los usuarios
Uno de los puntos más sensibles es la autorización para interrumpir el servicio de agua potable por mora. Hasta ahora, a los usuarios residenciales solo se les podía reducir el caudal, pero no cortar por completo. Con el nuevo decreto, tras 60 días de impago, AySA podrá suspender totalmente el suministro.
Para los usuarios no residenciales, el plazo de gracia se achica de 60 a 15 días. Aunque el texto aclara que no podrá afectarse a hospitales, sanatorios ni cárceles, tanto públicos como privados, el impacto sobre los hogares es directo, especialmente en un contexto de inflación y caída del poder adquisitivo.
Además, el DNU permite a la empresa realizar aumentos tarifarios trimestrales y solicitar subas extraordinarias ante el ente regulador, en función de “hechos imprevistos” que afecten los costos operativos.
El artículo 81 del nuevo marco es claro: "La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas".
Privatización: el Estado podrá vender sus acciones
Otro de los cambios clave está en el capital accionario. Hasta ahora, el 90% de las acciones de AySA eran intransferibles y propiedad del Estado. Con el nuevo marco, esa limitación se elimina: el Ministerio de Economía queda habilitado para vender total o parcialmente su participación, quedando formalmente abierta la privatización de la compañía. El 10% restante seguirá en manos de empleados, a través del Programa de Propiedad Participada.
El Gobierno definió además un período de transición de hasta 5 años, durante el cual se irá aplicando progresivamente el nuevo régimen regulatorio, “para evitar desajustes” en la ecuación económica del contrato.
Tarifas, obras y control: el nuevo rol de la concesionaria
La empresa, que podría pasar a manos privadas, también contará con nuevas facultades:
- Constituir garantías financieras con ingresos de la concesión para acceder a créditos.
- Auditar técnicamente las obras dentro del área regulada.
- Comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal.
Además, el decreto crea el Plan Director de Mejora Estratégica, que será elaborado por la Agencia de Planificación (APLA) cada cinco años. Si bien no será vinculante, servirá como hoja de ruta para orientar las inversiones en infraestructura, priorizando zonas según su densidad y viabilidad técnica.
En cuanto al ente regulador ERAS, el decreto le otorga funciones de cooperación y asesoramiento técnico, junto a APLA, ante requerimientos de la concesionaria o los usuarios.
Tarifazo en puerta: la suba de 2024 y lo que viene
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), en 2024 las facturas de AySA ya aumentaron un 331%. Ahora, con el nuevo marco, las tarifas serán revisadas cada tres meses y podrán ajustarse automáticamente para no perder contra la inflación.
Las revisiones extraordinarias también están previstas y podrán ser solicitadas por la empresa “en caso de variaciones imprevistas” sobre las cuales no tenga control.