Milei lanza ciudadanía exprés para quienes "inviertan fuerte" en Argentina
El presidente Javier Milei oficializó este jueves, a través del Decreto 524/2025, un procedimiento inédito para el acceso a la ciudadanía argentina. A partir de ahora, los extranjeros que acrediten haber realizado una "inversión relevante" en el país podrán iniciar el trámite de nacionalización sin importar el tiempo de residencia.
La normativa reglamenta un cambio ya anticipado por el Decreto 366/25, publicado a fines de mayo, que modificó la Ley de Ciudadanía N° 346 y sentó las bases de una reforma migratoria centrada en atraer capitales.
Con este nuevo paso, el Ejecutivo no solo formaliza un canal preferencial para inversores, sino que además involucra a organismos sensibles como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad para evaluar cada caso.
Según el procedimiento publicado este jueves, los extranjeros que quieran acceder a la ciudadanía deberán iniciar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Esa agencia será la encargada de determinar si la inversión del solicitante califica como relevante, y en caso afirmativo, emitirá un informe técnico que será elevado a la Dirección Nacional de Migraciones.
Para elaborar ese informe, la Agencia deberá consultar a una serie de organismos clave, incluyendo:
Ministerio de Seguridad
Unidad de Información Financiera (UIF)
Registro Nacional de Reincidencia
RENAPER
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
El objetivo es asegurar que el otorgamiento de la ciudadanía no implique riesgos para la seguridad nacional ni para los intereses estratégicos del país.
Qué inversiones serán consideradas “relevantes”
El decreto no fija un monto específico, pero delega en la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión la facultad de definir los criterios concretos para evaluar cada caso. Según fuentes oficiales, el análisis contemplará no solo el capital invertido, sino también el tipo de proyecto, el impacto económico, la generación de empleo y la trazabilidad financiera del solicitante.
Además, se prevé que el análisis se ajuste a “protocolos y estándares internacionales”, incluyendo los requerimientos derivados del programa de waiver de visa con Estados Unidos, lo que sugiere un alineamiento con normas de seguridad norteamericanas.
Una vez que la Agencia haya emitido su informe, será la Dirección Nacional de Migraciones la que tomará la decisión final. Contará con un plazo de 30 días hábiles para dictar un acto fundado, ya sea aprobando o rechazando la solicitud.
En paralelo, la SIDE y los organismos que hayan sido consultados podrán incidir directamente en el veredicto. Si alguno de ellos desaconseja otorgar la ciudadanía, la Agencia elevará un dictamen negativo. En los casos rechazados, se dejará constancia en el informe de los fundamentos que motivaron la decisión, especialmente si la inversión fue considerada no significativa o si existieron objeciones por parte de las áreas de seguridad.