El Gobierno profundiza el ajuste en discapacidad: frena la restitución de casi 22 mil pensiones por invalidez
El gobierno de Javier Milei volvió a avanzar sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral y dejó sin efecto la restitución de prestaciones correspondientes a 21.821 personas, en una nueva medida que profundiza la controversia por el ajuste en discapacidad. Los titulares alcanzados deberán iniciar un procedimiento administrativo para intentar recuperar sus haberes, presentar documentación actualizada y esperar una nueva evaluación de sus expedientes.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 3695/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada el miércoles 28 de octubre en el Boletín Oficial, y complementada este jueves por la Resolución 3697/2026, que modificó los canales habilitados para solicitar la rehabilitación.
La medida afecta a personas cuyas prestaciones habían sido suspendidas, en su mayoría durante 2025, y posteriormente restablecidas mediante una disposición de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dictada en cumplimiento de una medida cautelar judicial.
La nueva resolución revoca aquella restitución para el grupo incluido en el anexo oficial y establece un plazo de 60 días corridos desde la notificación para que los beneficiarios acrediten nuevamente su derecho al cobro.
El cambio representa otro capítulo de la política de revisión de pensiones impulsada por el Ejecutivo y se produce mientras el Congreso discute modificaciones en la legislación de discapacidad, en un escenario de reclamos de organizaciones, familiares y prestadores por el financiamiento de las prestaciones.
La decisión fue firmada por Diego Pablo Masaragian, titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo que depende del Ministerio de Salud.
La Resolución 3695/2026 dejó sin efecto, para las personas identificadas en su anexo, la Resolución 13.901/2025 de la ex-ANDIS, que había dispuesto el restablecimiento de prestaciones suspendidas durante el proceso de auditorías. De acuerdo con el listado publicado, la medida alcanza a 21.821 titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
El texto oficial establece que podrán presentar documentación médica, actualizar sus datos personales o incorporar antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos del régimen.
La presentación del trámite no garantiza la restitución inmediata de los haberes. Cada expediente será evaluado individualmente y la autoridad administrativa determinará si corresponde rehabilitar la prestación.
El antecedente judicial: por qué las pensiones habían sido restituidas
El conflicto por estas prestaciones se remonta a las auditorías realizadas durante 2025, cuando numerosos titulares denunciaron suspensiones de pensiones por invalidez y dificultades para completar los procedimientos de verificación.
La controversia llegó a la Justicia a través de una acción de amparo presentada ante el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, en el expediente iniciado por el Defensor del Pueblo y otros demandantes contra la entonces ANDIS.
En septiembre de 2025, el juzgado dictó una medida cautelar para restablecer las prestaciones correspondientes a un grupo de beneficiarios. Posteriormente, la protección judicial fue extendida a nivel nacional.
En cumplimiento de aquellas decisiones, el organismo dictó resoluciones administrativas que permitieron reactivar pensiones previamente suspendidas. Una de ellas fue la Resolución 13.901/2025, del 23 de octubre de ese año, que ahora quedó sin efecto para el conjunto de personas comprendidas en el nuevo anexo.
Sin embargo, el escenario judicial cambió después de que la Cámara Federal de Tucumán revocara, en febrero de 2026, una decisión dictada en esa causa, circunstancia que figura entre los antecedentes del nuevo procedimiento administrativo.
La Secretaría Nacional de Discapacidad también distinguió situaciones particulares, entre ellas las de personas que habían presentado nueva documentación o contaban con otros procesos judiciales en trámite.
La nueva resolución reabre la discusión sobre el alcance de las revisiones, la continuidad de las prestaciones y los mecanismos que deben garantizarse para evitar interrupciones indebidas en ingresos destinados a personas en condiciones de vulnerabilidad.
El Gobierno vuelve a hablar de irregularidades en las pensiones
La administración de Milei sostiene que las auditorías buscan verificar que las pensiones no contributivas sean percibidas por personas que efectivamente cumplen las condiciones exigidas por la normativa. En ese marco, el vocero presidencial Adrián Ravier se refirió a la situación de las prestaciones y explicó que los titulares podrán presentar documentación médica y socioeconómica para solicitar una revisión.
El funcionario aseguró que “quien cumpla los requisitos va a seguir cobrando”, al defender el procedimiento anunciado por el Ejecutivo. El Gobierno plantea que el proceso permite detectar beneficios que no reúnen las condiciones correspondientes y revisar expedientes en los que existen inconsistencias administrativas.
Sin embargo, desde organizaciones vinculadas con la discapacidad se vienen cuestionando las suspensiones generalizadas, las dificultades para acceder a las auditorías y los obstáculos que enfrentan los beneficiarios para presentar documentación.
El nuevo procedimiento vuelve a colocar bajo discusión esas dificultades, especialmente para quienes dependen de la pensión como uno de sus principales ingresos y deben afrontar traslados, consultas médicas o trámites administrativos.
La existencia de observaciones en un expediente no demuestra automáticamente que su titular haya percibido el beneficio de manera irregular. La determinación de cada situación requiere una evaluación individual y el cumplimiento de los procedimientos correspondientes.
El plazo para reclamar: 60 días y nuevas oficinas habilitadas
Uno de los principales cambios introducidos por la normativa está relacionado con la forma de solicitar la rehabilitación. La Resolución 3695/2026 estableció que los beneficiarios dispondrán de 60 días corridos a partir de la notificación para presentar los antecedentes necesarios.
En un primer momento, la disposición contemplaba la recepción de documentación en oficinas de ANSES. Sin embargo, la Resolución 3697/2026, publicada este jueves 29 de octubre, modificó los canales presenciales y habilitó las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI, en reemplazo de ANSES para este trámite específico.
Los titulares también podrán realizar las presentaciones mediante las dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el formulario de consultas del Ministerio de Salud, la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o el correo electrónico oficial del organismo.
Para iniciar el procedimiento deberán aportar, según corresponda, documentación médica actualizada, datos personales y antecedentes que permitan acreditar su derecho a la prestación.
Una vez recibidos los documentos, la Secretaría los incorporará al expediente y evaluará la procedencia de la rehabilitación. La norma también contempla la posibilidad de presentar recursos administrativos contra la decisión.
La medida llega en medio de la discusión por la Ley de Discapacidad
La nueva decisión administrativa se conoció apenas una semana después de que la Cámara de Diputados avanzara con modificaciones en la legislación de discapacidad, en el marco de un acuerdo parlamentario entre oficialismo y oposición.
La iniciativa debatida en el Congreso busca consolidar determinados derechos y prestaciones contemplados en la Ley 27.793, sancionada en septiembre de 2025, que declaró la emergencia nacional en discapacidad. Entre los cambios propuestos aparece la posibilidad de transformar disposiciones de carácter excepcional en obligaciones permanentes, con el objetivo de garantizar mayor estabilidad en el sistema.
Ese debate se desarrolla en medio de reclamos de prestadores, instituciones, trabajadores y familiares por la actualización de aranceles, la continuidad de servicios y el funcionamiento de los mecanismos de asistencia.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la discusión legislativa también incluye tensiones por el financiamiento, la implementación de las prestaciones y las responsabilidades que corresponden al Estado nacional.
La decisión de revisar nuevamente miles de pensiones agrega un nuevo foco de controversia, porque afecta beneficios económicos destinados a personas que, por sus condiciones de salud y situación socioeconómica, pueden enfrentar dificultades para acceder al mercado laboral.
Aunque el Ejecutivo sostiene que los controles buscan asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, las organizaciones del sector vienen advirtiendo que las suspensiones pueden dejar a personas vulnerables sin ingresos durante períodos prolongados.