Milei vetó el aumento a jubilados, la moratoria y la emergencia en discapacidad
Javier Milei lo hizo otra vez. Este lunes oficializó el veto total a tres leyes aprobadas por el Congreso: el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial mediante el decreto 534/2025, donde el Gobierno argumentó que los proyectos eran "fiscalmente inviables" y que se aprobaron bajo "graves nulidades" legislativas.
La gestión libertaria justificó que la implementación de las tres leyes implicaría un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026, es decir, casi el 1% del PBI de este año y el 1,68% para el próximo.
"El equilibrio fiscal es innegociable", remarcó el Ejecutivo, al sostener que no se habían establecido fuentes genuinas de financiamiento. A su vez, señalaron que aprobar este paquete de medidas significaría desfinanciar otras áreas sensibles del Estado y comprometer las metas con organismos internacionales.
Pero el argumento económico no fue el único. Desde la Casa Rosada también apuntaron contra el proceso legislativo. Según el decreto, la sesión del Senado del 10 de julio no tuvo la citación previa correspondiente y los proyectos se trataron con mayoría simple, cuando se requerían dos tercios.
Qué proponía cada una de las leyes vetadas
Aumento de jubilaciones: un bono y suba del 7,2%
La primera ley apuntaba directamente a mejorar los ingresos de los jubilados. Establecía un aumento del 7,2% (adicional al ajuste por inflación), creaba un bono mensual de $110.000 —actualizable según la inflación— y destinaba fondos específicos a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
Según cálculos de la oposición, los haberes mínimos hubiesen alcanzado los $441.600 en julio, frente a los $379.355 que efectivamente se cobraron ese mes. El impacto fiscal del bono, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, rondaría el 0,3% del PBI.
Moratoria previsional: el salvavidas para 220 mil personas
La segunda norma extendía por dos años la moratoria previsional, que vencía en marzo de 2025. Permitía a personas que llegaron a la edad jubilatoria sin 30 años de aportes regularizar su situación y acceder a un haber.
Fue sancionada originalmente durante el gobierno de Alberto Fernández y, de promulgarse, podría haber habilitado el acceso a la jubilación para más de 220.000 personas, según la OPC. Sin esta herramienta, esas personas solo pueden aspirar a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), equivalente al 80% de la mínima.
Emergencia en discapacidad: un reclamo que sigue vigente
El tercer proyecto vetado declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2027. Establecía una compensación económica para prestadores, una nueva pensión no contributiva y medidas para regularizar pagos y actualizar aranceles. Además, proponía reforzar el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantizar el cumplimiento del cupo laboral.
Desde la ANDIS, que encabeza Diego Spagnuolo, rechazaron la iniciativa por considerarla “asistencialista”. No obstante, organizaciones civiles como TEActiva y Discas en Lucha salieron a las calles para reclamar la sanción de esta ley. Denuncian recortes y demoras que afectan la atención de miles de personas con discapacidad.