Organismos clave, al borde del colapso por despidos

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei avanzó con una política sistemática de ajuste, desfinanciamiento y recorte de personal en el Estado nacional. A junio de 2025, el saldo es contundente: 54.176 empleos eliminados, lo que representa una caída del 15,9 % en la dotación total del Sector Público Nacional.

Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que revela el alcance del desguace libertario. La medida no solo golpea a trabajadores y trabajadoras, sino que debilita la capacidad operativa del Estado para cumplir funciones esenciales.

Empresas públicas, las más golpeadas

En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentran la mayor cantidad de despidos. El caso más impactante es el de Correo Argentino, con 4.916 desvinculaciones. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E. (2.801 cesantías), Banco Nación (1.831) y Aerolíneas Argentinas, donde se registraron 1.768 despidos.

Pero el recorte más drástico en términos proporcionales se dio en la ex Télam, donde se despidió al 80 % del personal. También sobresalen ENARSA Patagonia, con un ajuste del 66,7 %, Educar S.A. (-52,5 %) y Contenidos Públicos S.E. (-42,7 %).

Lejos de ser aisladas, estas cifras evidencian una estrategia coordinada para desarticular medios públicos, empresas con rol federal y áreas vinculadas a políticas educativas y de comunicación.

La administración central, sin funciones clave

El informe también detalla que la administración centralizada fue la más afectada proporcionalmente, lo que marca un vaciamiento directo de funciones bajo la órbita del Poder Ejecutivo. En este caso, el ajuste no se limitó a sociedades del Estado, sino que avanzó sobre organismos descentralizados, desconcentrados y dependientes de ministerios.

Entre los casos más graves figura el de ARCA, que perdió 3.052 puestos de trabajo. Le siguen la ANSES, con 1.457 despidos, y el CONICET, con una reducción de 1.091 trabajadores.

En términos porcentuales, el ajuste más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que fue desmantelado en un 63 %. También fueron fuertemente afectados la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) (-45 %) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que perdió el 41 % de su planta.

Ajuste deliberado, impacto extendido

El CEPA no deja lugar a dudas: el recorte de personal es parte de una estrategia “deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional”. Según el informe, el plan libertario no se detiene solo en la reducción del empleo, sino que busca erosionar las capacidades estatales en todos los niveles.

“La gestión del presidente Milei ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional”, señala el documento. Esto incluye desde la eliminación de programas, hasta la parálisis de organismos y la privatización encubierta de funciones estatales.

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Un Estado más chico, un país más vulnerable

La contracara del “Estado mínimo” promovido por el oficialismo libertario es un país con menos presencia estatal, menos regulación y más desigualdad. Las cifras del CEPA muestran que detrás del relato del orden y la eficiencia, hay decenas de miles de familias sin trabajo, áreas clave sin personal y un vaciamiento institucional sin precedentes.