Tras el veto presidencial y las denuncias por coimas, buscan interpelar a Francos en Diputados
El escándalo en torno a la política de discapacidad volvió a encender la polémica en el Congreso. El diputado nacional Oscar Agost Carreño, referente de Encuentro Federal, presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, comparezcan en la Cámara baja. El pedido se fundamenta en la reciente difusión de audios que darían cuenta de presuntos pedidos de coimas relacionados con la tramitación de prestaciones y contrataciones en el área.
Críticas directas al Presidente
En paralelo, Agost Carreño cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por haber vetado la ley de emergencia en discapacidad, una medida que la oposición logró revertir en Diputados esta semana y que ahora deberá definirse en el Senado. “Primero veta la emergencia, como si no fuera necesario proteger a quienes más lo necesitan. Y ahora estallan audios que revelan pedidos de coimas. Una vergüenza”, escribió el legislador en su cuenta de X, dejando en claro el malestar de la oposición.
Un cuestionario amplio y detallado
El proyecto presentado detalla un extenso cuestionario que deberán responder Francos y Lugones. Incluye preguntas sobre la eventual presentación de denuncias penales y la autenticidad de los audios difundidos, la identificación de los funcionarios involucrados, los procedimientos administrativos para la entrega del Certificado Único de Discapacidad, los circuitos de pago a prestadores y la existencia de manuales de procedimiento y mecanismos de control.
Además, se exige información sobre los protocolos de integridad, los canales internos de denuncia, la ejecución presupuestaria, la deuda acumulada con prestadores, las medidas de resguardo de documentación y sistemas, y los eventuales planes de reforma para garantizar mayor transparencia y continuidad en la cobertura de prestaciones.
“Un mandato jurídico y ético”
En los fundamentos de la iniciativa, Agost Carreño subraya la obligación del Estado en este tema: “El acceso oportuno y transparente a los apoyos y servicios para personas con discapacidad es un mandato jurídico y ético que el Estado no puede desatender. La difusión de un audio que asigna conductas ilícitas exige verificación inmediata, identificación de responsables y medidas correctivas”.
El respaldo opositor
El pedido de interpelación fue acompañado por legisladores de distintos bloques opositores, lo que refleja el peso político que adquirió el tema. Entre ellos, figuran Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Mónica Fein, Juan Fernando Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, quienes coincidieron en la necesidad de que el Gobierno brinde explicaciones públicas.
Un área sensible en crisis
El debate se da en un contexto de crecientes reclamos de beneficiarios y prestadores por demoras y trabas en la cobertura de prestaciones. A esto se suma el malestar social generado por el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, una decisión que fue calificada como insensible por amplios sectores políticos y sociales.
Ahora, con la difusión de audios que podrían transformarse en uno de los mayores escándalos de la gestión en un área particularmente sensible, la oposición avanza con una estrategia que busca llevar al jefe de Gabinete y al ministro de Salud al recinto para dar explicaciones ante los diputados y la sociedad.