Escándalo en La Libertad Avanza por la fiscalización: el PRO se baja del operativo en un distrito clave
A días de las elecciones legislativas nacionales, un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. En el distrito clave de La Matanza, el corazón del peronismo, el PRO decidió retirar a más de mil fiscales que se habían inscripto para controlar los comicios, en medio de graves acusaciones contra Luis “Lucho” Ontiveros, dirigente local y diputado provincial electo que responde al armador bonaerense Sebastián Pareja.
El conflicto, que estalló en el tramo final de la campaña, amenaza con dejar al oficialismo nacional sin cobertura electoral en el municipio más populoso del país, donde se concentra más de un millón de votos y donde LLA busca descontar la amplia diferencia que le sacó Fuerza Patria en septiembre.
Acusaciones y retiro de fiscales
Según confirmaron fuentes del PRO a distintos medios, la decisión de bajarse del operativo de fiscalización fue tomada tras múltiples irregularidades detectadas en la coordinación del despliegue. “Se curraron la guita, no había fiscales y por ende no controlaron nada”, sostuvieron, apuntando directamente a Ontiveros y su equipo.
El diputado libertario, de pasado peronista, fue incorporado a LLA en 2023 por el dispositivo político que controla Pareja, actual presidente del partido en Buenos Aires y candidato a diputado nacional. Desde entonces, su figura quedó en el centro de las tensiones internas por el manejo de recursos y la designación de responsables territoriales.
A las críticas del PRO se sumó Leila Gianni, concejal electa por LLA en las últimas elecciones del 7 de septiembre, quien también retiró a unos 200 fiscales que tenía preparados para el control electoral del domingo. “Le quieren regalar la elección al peronismo otra vez”, deslizó una fuente cercana al operativo.
Fiscalización bajo sospecha
Los problemas de organización no son nuevos. En los comicios del 7 de septiembre, el peronismo ganó por más de 20 puntos en el distrito de la Tercera Sección Electoral y se repitieron denuncias por la falta de fiscales libertarios en varias escuelas. A pesar de las advertencias, aseguran que las fallas se mantienen.
“Hace dos semanas entregamos las planillas con los nombres y teléfonos para asignar los fiscales. Estamos a martes y nadie responde dónde hay que mandarlos. Nos dicen que no hace falta. Van a repetir lo que hicieron el 7 de septiembre. Nosotros no nos vamos a prestar a esta maniobra”, advirtió otro de los involucrados en la organización.
El operativo de fiscalización implica un desembolso millonario: libertarios y macristas estiman que la estructura requiere entre 3.500 y 4.000 fiscales y un presupuesto de al menos 400 millones de pesos. En ese esquema, el que más fiscales aporta, más fondos administra.
Desde el entorno de Pareja buscan bajar el tono al conflicto. “No hubo ningún problema en La Matanza y ahora en octubre va a ser lo mismo. Digan lo que digan”, respondieron desde el sector de los llamados “territoriales”, negando que el PRO se haya retirado del operativo.
Riesgo operativo a días de las elecciones
La crisis estalla en un momento clave para Javier Milei, que encara la segunda etapa de su gestión con una elección que definirá su fuerza legislativa. En la provincia de Buenos Aires, donde hay casi 14 millones de votantes habilitados, la fiscalización es estratégica, más aún con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que requiere un control preciso en cada mesa.
Con la fractura entre libertarios y macristas, el riesgo de una fiscalización debilitada en el distrito más poblado del país es real. Aunque desde LLA intentan presentar el conflicto como una “operación política”, y puede que en las próximas horas se resuelva con un llamado en las altas esferas, la herida interna ya quedó expuesta.