El Gobierno mete la reforma laboral en el debate del Presupuesto 2026
En medio del debate por el Presupuesto 2026, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ratificó que la reforma laboral será uno de los ejes centrales del Gobierno tras la renovación parlamentaria de diciembre. Su exposición ante la Cámara de Diputados funcionó como una previa del escenario político que se avecina: tensión con los gremios, resistencia opositora y una fuerte defensa del modelo de “salario dinámico” impulsado por la Casa Rosada.
Ningún ministro asistirá al Congreso para explicar el proyecto, pero el área laboral ya marcó el tono de la discusión. “Estamos trabajando hace dos meses en una reforma laboral junto a los que firmaron el Pacto de Mayo”, aseguró Cordero ante la comisión, abriendo el capítulo más sensible de todo el debate presupuestario.
Qué propone el nuevo esquema de trabajo
El plan oficial incluye convenios por empresa, la eliminación de multas a empleadores, y un nuevo concepto de “salario dinámico”, que busca premiar la productividad individual y dejar atrás las escalas colectivas tradicionales. Según explicó el funcionario, este sistema apunta a que los empleadores “paguen más y mejor a los trabajadores que generan un diferencial y se destaquen”.
El modelo busca además limitar la homologación de paritarias superiores al 2% mensual, bajo el argumento de sostener la estabilidad macroeconómica y evitar “efectos inflacionarios”. Cordero insistió en que “el salario básico debe permitir pagar más a quien más produce”, defendiendo la idea de un esquema más flexible y meritocrático.
Choque con los gremios y la oposición
El planteo generó resistencia inmediata en el Congreso. Los diputados de extracción sindical advirtieron sobre el avance de la informalidad laboral, la pérdida de más de 250 mil puestos registrados y el cierre de miles de empleadores privados tras la sanción de la Ley Bases.
Desde el bloque radical, en cambio, respaldaron la línea oficial. Sostuvieron que la ley aprobada fue “solo el primer paso” y reclamaron avanzar sobre los convenios colectivos y la “democracia sindical”.
La CGT y los gremios opositores ya analizan una estrategia común para frenar la reforma, a la que consideran un intento de “precarizar derechos conquistados”. En los pasillos del Congreso, el clima se tensa mientras se acerca la fecha límite para dictaminar el Presupuesto, prevista para el 4 de noviembre.
El programa “Volver al Trabajo” y la nueva política salarial
Cordero también defendió la continuidad del plan “Volver al Trabajo”, que reemplaza al Potenciar Trabajo y otorga un monto fijo de $78.000 —sin actualización hasta 2027—, enfocado en la reinserción laboral. Además, anunció la creación de un Centro de Formación con financiamiento público-privado, parte del paquete de medidas con el que el Ejecutivo busca mostrar una agenda “de empleo real” y reducción del asistencialismo.
En su exposición, el funcionario aseguró que el país atraviesa una “paz social inédita”, producto de “las mesas de diálogo entre gremios y empresarios”. En ese tono, insistió en que el nuevo esquema laboral “promueve la formalización, la productividad y la sostenibilidad de las empresas”.
Los números que dividen el debate
Mientras el oficialismo proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y una inflación del 10% para 2026, la oposición reclama que el Presupuesto omite partidas clave para salud, educación y programas sociales. Los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal preparan sus propias versiones del dictamen, mientras los gobernadores aliados negocian contrapartidas para acompañar la ley.
La expectativa está puesta en los próximos encuentros de comisión, donde también expondrán los secretarios de Hacienda y Educación. El resultado de esas reuniones podría definir el destino del Presupuesto, pero también marcar el rumbo de la reforma laboral que el Gobierno quiere instalar como emblema de su segunda etapa.