Expectativa por el fallo que puede marcar el futuro económico argentino

Este miércoles, la Argentina enfrentará una audiencia decisiva ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York por el juicio derivado de la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El país busca revertir la condena de primera instancia impuesta por la jueza Loretta Preska, que ordenó pagar una suma que, con intereses acumulados, ya supera los USD 18.000 millones. Se trata del mayor litigio de la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano, y uno de los juicios más relevantes para el futuro económico argentino.

Qué se discute en la audiencia de apelación

La sesión se desarrollará este mediodía en el Thurgood Marshall Courthouse, en el sur de Manhattan, ante los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson.

Durante la audiencia, la defensa argentina y el fondo Burford Capital —que compró los derechos de litigar en representación de los antiguos accionistas de Petersen Energía— expondrán sus argumentos en un procedimiento que, aunque breve, podría definir los próximos pasos del caso.

Por su parte, YPF, eximida de responsabilidad en 2023, también tendrá media hora para defender su posición ante el tribunal, ya que Burford busca reincorporarla al proceso.

La estrategia argentina ante la Corte estadounidense

El equipo de defensa del país estará encabezado por los subprocuradores del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, junto al estudio Sullivan & Cromwell LLP, encargado de la exposición oral.

La estrategia central será cuestionar la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos y discutir tanto el monto de la sentencia como el cálculo de los intereses.

“La defensa va a ir por los carriles esperados. Este juicio no debió hacerse en EE.UU., no tiene jurisdicción. Hay argumentos técnicos sólidos y errores en el monto y los intereses aplicados”, señalaron fuentes cercanas a la Procuración del Tesoro.
No hay plazos definidos para que la Corte publique su fallo, aunque se estima que la resolución podría conocerse durante los primeros meses de 2026. En caso de una decisión adversa, el Gobierno aún podría apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un proceso judicial que atraviesa cuatro presidencias

El conflicto judicial por YPF comenzó hace más de una década y se extendió durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.

Desde su inicio, la causa acumuló una serie de fallos adversos para el país y mantiene en vilo a los mercados internacionales, dada la magnitud de la suma en juego y el contexto de crisis de reservas que enfrenta la economía argentina.

El proceso de apelación avanza en paralelo a otros expedientes, como el que busca evitar la entrega de acciones de YPF como parte de pago, y el llamado proceso de discovery, mediante el cual los beneficiarios del fallo intentan identificar activos argentinos embargables, incluyendo a Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación.

Apoyos internacionales a la postura argentina

La estrategia de defensa del país recibió el respaldo de varios Estados de la región, entre ellos Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador, que presentaron escritos como “amicus curiae” en apoyo a la apelación argentina.

Aunque Estados Unidos no participó directamente en el expediente principal, sí intervino en instancias relacionadas con la entrega de las acciones de YPF, donde el Departamento de Justicia aclaró que su falta de opinión sobre el fondo del asunto no debía interpretarse como un aval a los reclamos del fondo demandante.

Expectativa y proyecciones

Para los especialistas, el resultado del litigio será determinante en la agenda económica del Gobierno. Un fallo adverso complicaría la estrategia de recomposición de reservas, mientras que una reducción del monto o una revisión favorable de los intereses sería vista como una victoria parcial para el país.

Según el analista financiero Sebastián Maril, de Latam Advisors, la decisión podría extenderse en el tiempo: “La causa podría continuar hasta 2027, incluso si hay una reducción de la sentencia. La Argentina debería considerar una negociación estratégica”.

Mientras tanto, los mercados y los inversores internacionales seguirán de cerca el desenlace del caso, conscientes de que el resultado de esta apelación trasciende lo judicial y podría definir parte del horizonte económico del país.