“Dirección tomada”: tensión total en el Hospital Garrahan
El conflicto en el Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando trabajadores de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ocuparon las oficinas de la Dirección para reclamar por los descuentos salariales aplicados tras las jornadas de paro.
La medida tensó al máximo la relación entre los gremios y las autoridades del hospital, que denunciaron públicamente la toma y acusaron a los manifestantes de responder a sectores de la izquierda con fines políticos.
“Dirección tomada. Permanencia hasta que devuelvan lo que descontaron”, rezaba un cartel pegado en una de las puertas de la oficina, mientras el personal administrativo permanecía sin poder ingresar.
La denuncia de las autoridades
En un comunicado difundido en redes sociales, la Dirección del Hospital Garrahan afirmó que “sindicalistas y la izquierda violenta irrumpieron en las oficinas de la Dirección Médica, tomando al personal como rehén e interrumpiendo el funcionamiento institucional”.
El texto sostiene que “la reacción de los gremios deja en evidencia que no se trata de una reivindicación laboral legítima, sino de una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión”.
“Un sector de la izquierda intenta imponer sus intereses partidarios dentro del hospital, poniendo en riesgo la atención de miles de chicos”, agregaron las autoridades del centro pediátrico, uno de los más importantes del país.
Qué dicen los gremios
Desde el otro lado, los representantes sindicales rechazaron las acusaciones y apuntaron contra el director Mariano Pirozzo y el Consejo de Administración del Garrahan.
“El interventor político, autoritario y prepotente, fue puesto a dedo por Milei y Lugones para ocultar millonarios recursos del hospital destinados a un fondo de inversión”, señalaron desde la APyT, que además exigió la renuncia inmediata del interventor.
Alejandro Lipcovich, delegado de ATE en el Garrahan, denunció “descuentos brutales de $300.000, $400.000 y hasta $500.000 por ejercer el derecho a huelga”, mientras —según dijo— “los directivos se reparten millones en ingresos y asesores con sueldos de $3,4 millones”. “La crisis del Garrahan no sólo no se resolvió: se profundiza”, advirtió el dirigente.
La FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud) respaldó la medida de fuerza y calificó la decisión de las autoridades como “una represalia” contra los trabajadores que exigen la Ley de Emergencia Pediátrica, que lleva meses sin aplicarse.
El respaldo del Gobierno a las autoridades
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, salió rápidamente a respaldar a la conducción del hospital.
“Actuaron conforme a la normativa vigente y en defensa del funcionamiento institucional”, señaló la cartera sanitaria en un comunicado. “El Garrahan es una institución de excelencia. Vamos a priorizar su funcionamiento y garantizar que cada niño reciba la atención que necesita”, agregó el mensaje oficial.
En sintonía, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó en X (ex Twitter): “Mientras el Garrahan mejora su infraestructura, reabre quirófanos y compra equipamiento con fondos propios, algunos gremios vuelven a politizar usando la violencia y tomando oficinas por la fuerza. El reclamo no es salarial: es político”.
Adorni además apuntó contra el gobierno bonaerense de Axel Kicillof por la deuda de IOMA, al detallar que la obra social provincial mantiene una mora de $6.369 millones con el hospital. “Ya es hora de que la provincia de Buenos Aires se ponga al día”, reclamó el portavoz presidencial.
Un conflicto que no da tregua
A comienzos de octubre, los trabajadores del Garrahan realizaron un paro de 34 horas con movilización al Congreso para exigir la implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica.
Una semana después, la APyT organizó un cacerolazo frente al hospital, denunciando precarización y falta de insumos.
Con la toma de la Dirección, la tensión escaló al punto más alto del conflicto. Mientras los gremios acusan persecución y descuentos arbitrarios, el Gobierno refuerza su respaldo a las autoridades y apunta a “sectores políticos infiltrados”.
La crisis en el Garrahan vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la gestión libertaria y los gremios estatales, en un escenario donde la salud pública se transformó en un nuevo frente de batalla.