Nuevas autoridades y reclamos en la Justicia bonaerense
En un contexto de creciente malestar por las condiciones laborales y el deterioro presupuestario del sistema judicial, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense renovó su conducción durante una asamblea realizada en Quilmes, que reunió a representantes de los distintos departamentos judiciales de la provincia.
El nuevo presidente, Matías Rappazzo, del Departamento Judicial Morón, fue elegido por unanimidad. Lo acompañan Mabel Cardoni (La Plata) como vicepresidenta primera y Mario Caputo (Quilmes) como vicepresidente segundo. También asumió la doctora Erika Rodríguez Meroni como presidenta de la Comisión de Funcionarios y Funcionarias, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.
Previo a la votación, hubo un reconocimiento al presidente saliente, Claudio Santagati, por su gestión. La moción fue propuesta por el juez penal de Morón Diego Bonanno, quien destacó el consenso alcanzado.
Rappazzo subrayó el valor de la alternancia y la unidad interna: “Vamos a seguir adelante con una continuidad de trabajo institucional en pos de lo mejor para los magistrados, a sabiendas que la cuestión salarial es un tema pendiente. Hemos avanzado en la cobertura de cargos, pero sabemos que aún hay demandas legítimas y otras que aparecen por la coyuntura de cada departamento judicial”, expresó.
“Quizás hace cuatro años no era la unidad que hoy tenemos, y eso debemos celebrarlo y cuidarlo porque fue una construcción de todos, desde el disenso y el pluralismo”, añadió.
Sueldo bajo y vacantes sin cubrir
El nuevo titular del Colegio reconoció que la recomposición salarial sigue siendo la principal demanda de jueces, fiscales y funcionarios: “Tenemos una diferencia importante con otras jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires es, después de San Pablo y México, la justicia con más litigiosidad en América Latina y la verdad que los sueldos hoy en día están bastante bajos”, advirtió Rappazzo.
Otro eje de preocupación es la cobertura de cargos vacantes. Según el flamante presidente, el sistema llegó a tener “700 cargos sin cobertura” y valoró “el trabajo del ministro Juan Martín Mena” para avanzar en su regularización.
El Colegio también busca fortalecer la independencia judicial frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo: “El Poder Judicial tiene que manejar su propio presupuesto para tomar sus decisiones”, planteó Rappazzo.
Un diagnóstico compartido
Los reclamos de los magistrados se suman a un diagnóstico más amplio que atraviesa al Poder Judicial bonaerense.
De acuerdo con informes del Centro de Investigación y Formación (CIyF) de la Asociación Judicial Bonaerense, más del 90% del presupuesto actual se destina a salarios, mientras que la inversión en infraestructura y personal es insuficiente para atender el crecimiento sostenido de causas.
En el fuero laboral, la litigiosidad aumentó un 256% en las últimas dos décadas, pero la dotación de personal apenas subió un 30%. En el fuero de familia, los expedientes crecieron un 626% entre 2010 y 2024, frente a un incremento de planta del 143%.
La falta de personal y la sobrecarga de trabajo impactan de lleno en la atención judicial. A esto se suma el deterioro de los salarios reales y el rezago previsional de los jubilados y pensionados del sector, que perciben haberes sensiblemente menores que los trabajadores activos.
Con un presupuesto judicial que alcanzó 1,5 billones de pesos en 2025 —de los cuales el 95% se destina a sueldos— y una proyección de 2,49 billones para 2026, el desafío será lograr que los incrementos acompañen las necesidades estructurales del sistema.
La renovación de autoridades marca un cambio de etapa, pero el diagnóstico sigue siendo el mismo: sin inversión real, la justicia bonaerense continuará en una situación límite.