Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
El conflicto que rodea al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a escalar. El abogado penalista y concejal electo de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, presentó una denuncia penal contra el gobernador Axel Kicillof y el presidente del organismo, Homero Giles, por una serie de presuntos delitos vinculados a la administración de la obra social bonaerense.
Según consta en la presentación judicial, Mazzeo pidió que la Justicia Federal de La Plata investigue posibles hechos de “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.
El dirigente libertario, que encabezó la boleta local en las elecciones del 7 de septiembre, fundamentó su denuncia en lo que describió como un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación sistemática del derecho a la salud”.
“Captura política” y falta de control legislativo
De acuerdo con la presentación, el IOMA habría sido “capturado políticamente” y utilizado como “caja política o instrumento de propaganda”, desviando fondos que deberían destinarse a prestaciones médicas.
En el escrito, Mazzeo sostiene que el presupuesto anual del organismo supera los 188 mil millones de pesos y que “la crisis estructural excede una mera deficiencia administrativa”.
Entre los puntos señalados, denunció falta de pagos y demoras superiores a 90 días a entidades médicas como FEMEBA, FENECON y FREMEBO, además de la suspensión de tratamientos oncológicos, entrega de prótesis y medicación crónica.
“La inacción del IOMA frente a miles de afiliados que no acceden a tratamientos constituye un incumplimiento funcional doloso”, planteó el abogado, quien también afirmó que el organismo incurre en “afiliación compulsiva y extorsión institucional” al inscribir empleados municipales y provinciales contra su voluntad.
El denunciante remarcó que el titular del IOMA no respondió los pedidos de interpelación legislativa impulsados por diputados como Luciano Bugallo (Coalición Cívica) y el senador Ariel Bordaisco (UCR). Esa omisión, consideró, configura “una conducta de insubordinación institucional”.
Acusaciones por intermediación privada
Otro de los ejes de la denuncia apunta a un supuesto “esquema de intermediación ilícita” vinculado a la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP). Según Mazzeo, esta entidad actúa como intermediaria entre el IOMA y los prestadores médicos, con un potencial conflicto de intereses.
La presentación señala que Silvina Fontana, presidenta de la asociación y también titular de RM Salud SRL, “percibe fondos públicos para financiar policonsultorios de su propia empresa”, lo que configuraría una incompatibilidad directa.
Mazzeo responsabilizó directamente a Kicillof por omisión de control sobre los organismos bajo su órbita: “Su omisión reiterada de supervisar, investigar o corregir las irregularidades del IOMA configura responsabilidad penal por omisión funcional y responsabilidad política agravada”, sostuvo.
El abogado solicitó además allanamientos en el IOMA y en el Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, y pidió que se recuse a los jueces que puedan tener vínculo con el ministro, en alusión a su hermano Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata.
La respuesta del Gobierno provincial
Consultadas por distintos medios, fuentes cercanas a Kicillof y al ministro Kreplak aseguraron que no fueron notificadas formalmente sobre la denuncia. Desde la cartera sanitaria provincial señalaron que el texto presentado “contiene consideraciones políticas genéricas sin base en hechos concretos” y que algunos planteos “deberían ser descartados en función de la ley que regula el IOMA”.
La denuncia ya fue girada a la fiscalía correspondiente, que deberá determinar si la Justicia Federal tiene competencia para avanzar en la investigación.