Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Guillermo Madero será el jefe de gabinete del futuro ministro de Defensa, Carlos Presti, una decisión que ya generó impacto político, ruido en organismos de derechos humanos y fuertes cuestionamientos dentro y fuera del Gobierno. Aunque Presti todavía no asumió oficialmente, el ascenso ya está confirmado: el propio Madero agradeció en redes sociales las felicitaciones y habló de “gran responsabilidad”.
La elección no pasa desapercibida. Presti llega al ministerio con un historial familiar que reavivó críticas —su padre fue procesado y detenido por delitos de lesa humanidad— y Madero tampoco es un funcionario neutral en esa discusión: tiene antecedentes de haber frenado pedidos clave en la búsqueda de bebés robados durante la última dictadura y protagonizó visitas a represores detenidos en Campo de Mayo.
El ascenso y el pasado que vuelve al centro del escenario
Madero es un hombre que saltó a la primera línea durante el gobierno de Mauricio Macri. Patricia Bullrich lo designó director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, y dentro del PRO lo vinculaban directamente con Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y dirigente cercano a La Libertad Avanza en el último tiempo.
En Defensa construyó poder desde que Luis Petri lo incorporó a su equipo: primero como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, después como subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria. En algunos sectores incluso lo imaginaban como posible reemplazo del propio Petri. Pero su gestión dejó huellas concretas. Y mucha polémica.
La negativa que sacudió a las Abuelas de Plaza de Mayo
En febrero de 2024, mientras estaba al frente del área de Planeamiento Estratégico, Madero rechazó un pedido formal de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que buscaba una historia clínica fundamental para avanzar en una investigación por posibles apropiaciones de bebés durante la dictadura.
El rechazo no fue un trámite administrativo: fue un mensaje. Y fue leído así por organismos de derechos humanos. La nota que se filtró en redes ligadas a sectores pro-impunidad señalaba que, según Madero, el Poder Ejecutivo no debía intervenir en investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, algo que contradice décadas de cooperación entre el Estado y la Justicia.
Ese no fue el único episodio. Meses después, Bullrich calificó a la Conadi como un “organismo militante”, mientras que Javier Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación, que permitía acceder a archivos clave para encontrar a los nietos buscados por Abuelas.
Las visitas a represores y los recortes en equipos de investigación
El 7 de marzo de 2024, Madero visitó junto al entonces director nacional de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes, la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se encuentran detenidos militares condenados por delitos de lesa humanidad. Mientras el ministerio habló de una inspección rutinaria, fuentes internas aseguraron que los represores recibieron la visita como una señal alentadora.
Semanas después se produjo otro golpe: Petri desplazó a los equipos de relevamiento y análisis documental (ERyA), que desde 2010 abastecían a la Justicia con información indispensable para causas por crímenes de la dictadura. Para el ministro, esos grupos eran “nefastos”. Para 36 fiscales federales, en cambio, eran esenciales.
La tensión escaló cuando el fiscal general Miguel Palazzani pidió formalmente que no se destruyera documentación. La respuesta de Madero fue enviar una nota a la Procuración recordando que los fiscales no pueden comunicarse directamente con el Poder Ejecutivo. Casal llamó la atención al fiscal, pero el trasfondo quedó expuesto: la preocupación por el manejo de archivos militares era real.
Señales en cadena: denuncias, archivos en riesgo y advertencias en la Justicia
A principios de este mes, el fiscal Félix Crous denunció un intento de destruir información en el Archivo General de la Armada y describió un “esfuerzo persistente y coordinado” para obstruir la preservación de pruebas clave sobre delitos cometidos durante la dictadura. El primer hecho citado: la negativa de Madero a entregar documentos a la Conadi.
Ese patrón también fue señalado por organismos de derechos humanos y por juristas que siguen de cerca este tipo de causas. Para ellos, las decisiones tomadas en Defensa en los últimos meses marcan un giro peligroso.
La doctrina que impulsa Madero y que anticipa el nuevo rumbo
En julio pasado, en una columna en Infobae, Madero habló explícitamente de una “doctrina Petri” que proponía ampliar la intervención militar en seguridad interior y dar por terminada la llamada “doctrina Garré”, que limitaba la actuación castrense frente a amenazas externas.
Allí cuestionó con dureza las políticas de memoria, verdad y justicia, habló de “memoria completa” y repitió conceptos similares a los que utilizó Victoria Villarruel durante la campaña presidencial, como la existencia de una “industria del juicio de derechos humanos”.
Mientras tanto, desde Casa Rosada reivindican la llegada de Presti —militar en actividad— como el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas. Para otros sectores, en cambio, se trata de un mensaje que apunta directamente contra las políticas de rendición de cuentas que hicieron de la Argentina un ejemplo internacional. Con la designación de Madero, el giro queda sellado.