Rechazo a la megaminería: organizaciones llevarán la nueva ley a la Corte provincial
El Senado provincial aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino en Uspallata, en una votación que reavivó la polémica social y política en la provincia. La iniciativa, respaldada por el gobernador Alfredo Cornejo y con el aval público del presidente Javier Milei, obtuvo 29 votos a favor y 6 en contra en la Cámara Alta provincial.
La votación en el Senado consagró la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto conocido como San Jorge, operado por PSJ Cobre Mendocino (con participación de firmas internacionales). Con la aprobación, el emprendimiento avanza hacia la etapa de factibilidad definitiva y podrá completar las obras previas a la construcción. El respaldo legislativo se produjo tras intensos debates y bajo fuertes medidas de seguridad en los alrededores de la Legislatura.
La decisión parlamentaria fue recibida con movilizaciones masivas: agrupaciones como la Asamblea por el Agua y otros colectivos ambientalistas realizaron caravanas y marchas hacia la Legislatura, con una histórica columna que partió desde Uspallata. Los manifestantes sostienen que la sanción no representa la voluntad social y que las elecciones recientes no constituyeron un aval para la megaminería.
La judicialización: el plan de los ambientalistas
Organizaciones sociales y ambientalistas anunciaron que, una vez publicada la ley en el Boletín Oficial, presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial para frenar el avance del proyecto. Los voceros advirtieron que, de no prosperar allí, la estrategia contempla recurrir a la Corte Suprema de la Nación y, eventualmente, a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Voces del movimiento subrayaron la supuesta falta de información ambiental completa y la postergación de estudios clave como argumentos jurídicos.
La empresa promotora y fuentes oficiales señalaron que el proyecto implicaría una inversión cercana a los 600 millones de dólares, con una producción estimada en torno a 40.000 toneladas anuales de concentrado de cobre en su fase operativa. Según informes técnicos difundidos, la mina se ubica en la precordillera (entre 2.400 y 2.900 metros de altura) y promete generar miles de empleos en la etapa de construcción y operativa. Los defensores del proyecto lo presentan como un motor para diversificar la matriz productiva provincial y aportar divisas para la “transición energética”.
Qué prevé el proceso ambiental restante
La DIA aprobada es el paso previo para que la empresa complete la etapa de factibilidad definitiva, avance con pozos de relleno y se incorpore al régimen de incentivos aplicables. La Autoridad Ambiental Minera emitió un informe técnico final que integró dictámenes sectoriales y respuestas del proponente, según el expediente que llegó al Senado. No obstante, los opositores insisten en que varios estudios quedaron diferidos y que faltan garantías sobre el uso sustentable del agua y la protección de ecosistemas frágiles.
El presidente Javier Milei respaldó públicamente el proyecto y celebró la posibilidad de atraer inversión extranjera; el gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que Mendoza debe diversificar su matriz productiva y que la minería de cobre es clave para la transición energética. Ambos destacaron las cifras de inversión y empleos proyectados como argumentos centrales para impulsar la sanción legislativa.
Votos clave y cambios en la bancada
Si bien en las últimas semanas el PJ provincial había expresado rechazo a la iniciativa, en la votación del Senado varios legisladores que habían mostrado reservas cambiaron su postura, lo que facilitó la mayoría necesaria para aprobar la DIA. En la Cámara Alta se registraron 29 votos afirmativos, 6 negativos y al menos una abstención según distintos recuentos publicados por medios locales.
Con la publicación en Boletín Oficial pendiente, el conflicto no se limita al terreno político: la pulseada continuará en la Justicia y en la calle. Las organizaciones advierten que la fase de construcción y la eventual puesta en marcha quedarán supeditadas a decisiones judiciales y a la supervisión de estudios ambientales complementarios. El Gobierno provincial, por su parte, defiende la decisión como una política de desarrollo y previsibilidad para inversiones de capital.