La advertencia de los jueces bonaerenses ante la reforma penal que impulsa Milei

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires encendió una señal de alarma frente al anteproyecto de reforma integral del Código Penal que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso.

En un documento institucional, los magistrados reclamaron ser convocados al debate parlamentario y advirtieron sobre los riesgos de avanzar con una modificación “a libro cerrado”, de manera “precipitada” y con un debate limitado, tal como —señalan— viene planteando el propio Gobierno nacional.

El pronunciamiento pone el foco en una preocupación central: la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, que describen como “mucho más acuciante” que en el resto del país. En ese marco, alertan que endurecer el sistema punitivo sin una discusión profunda ni una evaluación real del impacto solo agravará un escenario ya crítico.

Cárceles al límite y cifras que preocupan

Según datos oficiales citados por la Red, hacia 2024 se registraban en la provincia de Buenos Aires 66.991 personas privadas de la libertad, de las cuales 62.387 se encontraban alojadas en establecimientos penitenciarios. Esto representa una tasa de prisionización de 376 detenidos cada 100 mil habitantes, una de las más altas de la región, y equivale al 52,3% del total de personas detenidas en todo el país.

Los jueces subrayan que la superpoblación carcelaria es estructural. Aunque la capacidad penitenciaria fue variando en los últimos años, la tasa de ocupación llegó a picos del 215% en 2022, bajó al 194,7% en 2023 y se ubicó en torno al 150% en 2024. Aun así, advierten que alcanzar una convergencia razonable entre plazas disponibles y cantidad de detenidos requeriría una inversión sostenida durante más de medio siglo.

El documento también marca un crecimiento sostenido del encierro desde 2012. Ese año, la tasa de prisionización era de 198 detenidos cada 100 mil habitantes. Desde entonces, se registraron incrementos anuales del orden del 9%, pasando de 31.303 personas privadas de su libertad a casi 67 mil en poco más de una década.

Críticas al punitivismo y pedido de diálogo

La Red de Jueces Penales bonaerenses cuestiona la idea de que el aumento de penas sea una solución mágica frente a la inseguridad. En el texto afirman que “la inseguridad no se acaba con leyes más severas” y rechazan la lógica de un sistema que abandone el programa resocializador previsto en la Constitución Nacional.

En ese sentido, advierten que la creación de nuevos tipos penales, el aumento de escalas punitivas y las formas más rigurosas de ejecución solo profundizarán el colapso del sistema penitenciario, sin que ello tenga un correlato real en las demandas de seguridad pública.

“La sanción de una ley de estas características demanda un amplio y exhaustivo diálogo”, sostienen, y remarcan que ese debate debe incluir no solo a especialistas en derecho penal, sino también a los operadores judiciales que aplican las normas a diario. De lo contrario, alertan, se corre el riesgo de generar graves conflictos sociales y lesiones masivas a derechos constitucionales.

Por último, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires solicitó formalmente ser convocada al debate parlamentario para aportar su experiencia en la discusión de una reforma que consideran de enorme relevancia institucional y social.