La Justicia puso un freno a la motosierra en la vitivinicultura

La Justicia Federal confirmó la medida cautelar que frena la desregulación del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) y puso un límite al plan impulsado por el Gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El fallo dejó sin efecto la eliminación de dos artículos considerados clave para el funcionamiento del organismo y fue celebrado por asociaciones y productores vitivinícolas de Mendoza y La Rioja, a pocos días del inicio de la vendimia 2026.

El amparo que frenó la motosierra

La resolución judicial hizo lugar al amparo presentado por la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), junto a la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA).

“La cautelar tenía el objetivo de frenar dos artículos. Yendo a la ideología libertaria, es lo que protege el derecho a la propiedad. Es el título que le queda al productor que entregó la uva”, explicó el secretario general de la AVM, Matías Manzanares, en diálogo con El Destape.

Según detalló, la urgencia estaba dada por la entrada en vigencia de la resolución el 1° de enero, en pleno inicio de la cosecha.

Los artículos que el Gobierno quiso eliminar

El conflicto se centró en el intento de eliminar el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y el Certificado de Elaboración y Circulación (CEC), dos instrumentos que el sector considera fundamentales para proteger a los productores primarios y evitar la concentración del mercado.

Desde las entidades denunciaron que la desregulación impulsada por Sturzenegger y Milei abre la puerta a la monopolización del mercado vitivinícola. “El Gobierno nacional quiere que esté a cargo de cuatro empresas y destruir la vitivinicultura”, advirtieron desde el sector.

Acusaciones contra las grandes bodegas

Manzanares fue más allá y apuntó directamente contra las principales bodegas del país. “Esto está influenciado por dos bodegas grandes, una de ellas es Peñaflor. Quieren que sea como la industria cervecera, manejada por cuatro empresas, y llevársela a Buenos Aires”, denunció.

La crítica estuvo dirigida a la Resolución 37/2025, firmada por el presidente del INV, Carlos Tizio Mayer, que —según los productores— beneficiaba a firmas como Grupo Peñaflor, RP Baggio, Chandón y Norton.

“No toleran que desde Mendoza se maneje algo. Quieren destruir la vitivinicultura”, sentenció.

Por qué el CIU y el CEC son claves

El CIU es el documento que acredita la cantidad de uva entregada por el productor a la bodega, tanto en la venta directa como en los contratos de maquila. “Es un instrumento bilateral y el título de propiedad del productor. Dejarlo voluntario es desampararlo frente a una relación totalmente desigual”, explicó Manzanares.

En plena cosecha, agregó, la necesidad de vender rápido juega en contra del productor: “La bodega nunca va a querer firmarlo si no es obligatorio”.

La trazabilidad del vino

En tanto, el CEC funciona como declaración jurada de la elaboración del vino y permite conocer el origen y la trazabilidad de la uva. “No es lo mismo que la uva venga del Valle de Uco que de otra zona. Es una forma de tener control y registro de toda la producción”, detalló.

Apoyo de provincias productoras

El dirigente destacó que ministros de Producción de al menos diez provincias, entre ellas Mendoza, La Rioja, San Juan, Catamarca y Neuquén, reclamaron la reincorporación de los artículos eliminados.

“De los 973 artículos del INV, más de 900 ya estaban en desuso. Nosotros conocemos la vitivinicultura, no nos vengan a chapear”, lanzó.

Cornejo y una postura bajo la lupa

Desde la AVM también cuestionaron la postura del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, a quien acusan de tener una conducta contradictoria. Por un lado, señalaron que impulsa la agenda minera, con impacto sobre el recurso hídrico, y por otro refuerza políticas sanitarias clave para el sector vitivinícola, como el combate a la mosca de los frutos.

“El agua tiene que tener prioridad para el consumo humano. Cornejo marcó otra línea y eso nos preocupa”, advirtió Manzanares.

Sin embargo, recordó que tanto funcionarios provinciales como el propio gobernador reconocieron públicamente la importancia del CIU y el CEC, en contraste con la postura del Gobierno nacional.

Un escenario crítico rumbo a la vendimia

De cara a la vendimia 2026, el panorama del sector es complejo. Manzanares alertó sobre la caída de la inversión, el aumento de costos y la falta de financiamiento. “La botella de vino no aumenta hace 20 meses, se estiraron los plazos de pago, subió la energía eléctrica, los insumos y falta riego”, enumeró.

Además, reclamó medidas urgentes para evitar un colapso productivo: “Ya deberían salir créditos para levantar la cosecha y una señal clara para exportar vino a granel. Si no, se van a fundir los productores y se van a rematar los campos”.