Diputados piden frenar en la Justicia el DNU de Inteligencia
Un grupo de diputados nacionales presentó una acción de amparo con medida cautelar para que la Justicia suspenda de manera inmediata los efectos del DNU 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional reformó el sistema de inteligencia y modificó el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Los legisladores denuncian que el decreto no cumplió con los requisitos de necesidad y urgencia, avanzó sobre facultades exclusivas del Congreso y habilita prácticas que, a su entender, ponen en riesgo derechos y garantías constitucionales.
Quiénes impulsan el reclamo judicial
La presentación fue realizada por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón, del Partido Socialista. En el escrito, los diputados solicitaron que el decreto sea declarado “nulo de nulidad absoluta” por su presunta inconstitucionalidad.
La causa recayó por sorteo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita Alián, quien deberá resolver tanto el amparo como la cautelar solicitada.
“No había ninguna urgencia para legislar por decreto”
Frade cuestionó con dureza la forma en que el Ejecutivo avanzó con la reforma. “Se publicó a la medianoche. Un tema de estas características debe debatirse muchísimo y escuchar a expertos. Hasta la gente más formada en inteligencia se agarra la cabeza con este DNU”, afirmó.
La diputada remarcó que el Congreso estaba en condiciones de legislar y que, de ser necesario, el Gobierno podría haber prorrogado las sesiones extraordinarias. “No había ninguna razón para hacerlo así”, subrayó.
Los puntos del DNU que generan mayor preocupación
Entre los aspectos más controvertidos, los legisladores señalaron:
La posible aprehensión de personas por agentes de inteligencia
Frade advirtió que el decreto habilita al personal de inteligencia a aprehender ciudadanos,es una facultad propia de las fuerzas de seguridad y regulada por la legislación penal y procesal.
En el escrito, sostuvieron que este punto “tensiona directamente las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional”, que protege el debido proceso.
La subordinación de la UIF y la unificación de bases de datos
Otro eje crítico es la subordinación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la centralización de información sensible bajo una misma estructura, lo que —según los diputados— afecta la independencia de los organismos y la protección de datos personales.
Riesgo de confundir inteligencia con seguridad interior
Los firmantes del amparo cuestionaron que el decreto borre los límites entre inteligencia estratégica y seguridad interior, dos ámbitos que, remarcaron, deben mantenerse claramente diferenciados.
Advirtieron que esta fusión indebida politiza la inteligencia y afecta la formación profesional específica de cada área. “Se introduce una centralización absoluta bajo el Poder Ejecutivo”, sostuvieron.
“Una herramienta de persecución política”
En uno de los pasajes más duros del escrito, los diputados alertaron que el nuevo esquema puede convertir al sistema de inteligencia en una herramienta de persecución.
Señalaron que la presión política podría condicionar los informes de inteligencia, afectando a periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo el paraguas de la “seguridad estratégica”.
Privacidad, datos personales y “muros de fuego”
La presentación judicial también hizo foco en la necesidad de mantener los llamados “muros de fuego” entre inteligencia y ejecución policial. Esto implica bases de datos separadas, mandos diferenciados y la prohibición de que agentes de inteligencia tengan poder de arresto.
“Si el Estado conoce con quién se reúne un ciudadano, qué piensa o qué investiga, se vacían los conceptos de disidencia y protesta”, advirtieron. Para los legisladores, el DNU “es la antesala de un Estado policial”.
El secreto como regla y no como excepción
Otro punto cuestionado es que el decreto establece que todas las actividades de inteligencia sean de carácter encubierto. Según Frade, Ferraro y Paulón, esta disposición altera el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.
“El secreto pasa a ser la regla y no la excepción”, señalaron en la presentación.
Rechazo del peronismo en el Senado
El bloque justicialista del Senado también expresó su rechazo al DNU a través de un comunicado difundido en redes sociales. Allí aseguraron que la reforma “viola las normas vigentes y la Constitución Nacional”.
Los senadores coincidieron en que el tema pudo haberse debatido en el Congreso y acusaron al presidente Javier Milei de mostrar “desprecio por las instituciones de la República” y de avanzar sobre las libertades democráticas.