Reforma laboral: el Ejecutivo analiza cambios para sumar apoyos
El Gobierno nacional analiza introducir dos modificaciones centrales en el proyecto de reforma laboral con el objetivo de facilitar su aprobación en el Congreso y ampliar el respaldo político. Las concesiones apuntan a dos frentes sensibles: los gobernadores, afectados por la caída de recursos coparticipables, y la CGT, que rechaza los límites al derecho de huelga.
La iniciativa, que el oficialismo prevé llevar al recinto a partir de febrero, mantiene sin cambios los aspectos más estructurales del nuevo esquema laboral, pero abre una ventana de negociación en puntos considerados estratégicos para destrabar el debate parlamentario.
Ganancias, el principal escollo con las provincias
Según confirmaron fuentes del equipo negociador del Ejecutivo, la modificación de mayor impacto sería la eliminación del capítulo impositivo que reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas. Se trata de un punto que generó un fuerte rechazo entre los gobernadores por tratarse de un tributo coparticipable.
Las estimaciones oficiales indican que la baja impositiva implicaría una resignación de recursos cercana a los 2 billones de pesos anuales, de los cuales más de la mitad correspondería a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese escenario encendió alarmas en los mandatarios provinciales, incluso entre los considerados dialoguistas.
Desde el Gobierno admiten que este factor es hoy el principal obstáculo para la reforma. La posible eliminación del capítulo impositivo busca neutralizar la ofensiva de los gobernadores y garantizar apoyos legislativos clave. El encargado de encabezar esa negociación sería el ministro del Interior, Diego Santilli.
Derecho a huelga, el otro punto en revisión
El segundo aspecto que el Ejecutivo estaría dispuesto a flexibilizar es el que limita el ejercicio del derecho de huelga. El proyecto amplía de manera significativa el listado de servicios esenciales, que deben mantener un 75% de actividad durante un paro, e incorpora la categoría de servicios de “importancia trascendental”, obligados a sostener un 50% de prestación.
Según funcionarios del ala dialoguista, la lista de actividades podría ser revisada para adecuarla a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En concreto, algunas actividades actualmente catalogadas como esenciales podrían pasar a la categoría de importancia trascendental, habilitando una mayor capacidad de protesta.
Un antecedente judicial que pesa
No es la primera vez que Javier Milei intenta restringir el derecho de huelga. El límite a las medidas de fuerza ya había sido incluido en el DNU 70/23, declarado inconstitucional por la Justicia laboral, y luego reiterado en el DNU 340 del año pasado, que también fue frenado por los tribunales.
En todos los casos, el listado de actividades alcanzadas por las restricciones fue prácticamente el mismo, lo que refuerza las críticas sindicales y anticipa un nuevo conflicto judicial si el texto no es modificado.
Sturzenegger, Milei y una reforma sin concesiones de fondo
La reciente aprobación del Presupuesto 2026 fortaleció la posición del oficialismo y, en particular, del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Fue él quien impulsó ante el presidente Milei la presentación de una versión dura de la reforma, sin aceptar contrapropuestas del sindicalismo dialoguista.
En ese marco, no aparecen sujetos a cambios otros puntos altamente controvertidos del proyecto, como el banco de horas, la prevalencia de convenios de menor ámbito sobre los nacionales y la eliminación de principios históricos del derecho laboral como la ultraactividad y la irrenunciabilidad.
La CGT mueve fichas y busca aliados
Tras la postergación del tratamiento legislativo, anunciada el 18 de diciembre por la senadora Patricia Bullrich, la CGT intensificó sus gestiones políticas. El triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a referentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez, inició contactos con gobernadores como Martín Llaryora, Ignacio Torres y Maximiliano Pullaro.
La estrategia sindical combina el rechazo público al proyecto con negociaciones reservadas para influir en los legisladores provinciales y abrir canales de diálogo con funcionarios cercanos al Presidente, como el asesor Santiago Caputo y Martín y Eduardo “Lule” Menem.
Un debate que se encamina a febrero
Aunque la central obrera celebró inicialmente la postergación del debate, el triunfo oficialista con el Presupuesto desinfló ese optimismo. En el Gobierno aseguran que la reforma sigue en pie y que las concesiones en análisis no alteran el núcleo del proyecto.
Con gobernadores en alerta y sindicatos en estado de movilización, la reforma laboral se encamina a un tratamiento legislativo cargado de tensiones políticas, económicas y judiciales.