SIDE bajo la lupa: la Justicia evalúa frenar el DNU de Milei
La Justicia federal comenzó a definir si habilita la feria judicial para tratar los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, con el que el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En menos de una semana, ya se presentaron cinco amparos que buscan frenar la norma.
El debate judicial se da en paralelo a la disputa política: mientras la oposición intenta reunir los votos necesarios para voltear el decreto en el Congreso, el Gobierno salió a defender la reforma y adelantó que enviará un proyecto de ley más amplio para discutir cambios estructurales en el sistema de inteligencia.
El rol del juez de feria y la definición clave
Este jueves, el juez federal Walter Lara Correa, a cargo de los asuntos durante la feria, resolvió correr vista a la fiscalía para que dictamine si el tema reviste la urgencia necesaria como para ser tratado durante el receso judicial.
La decisión del fiscal será determinante. Si se habilita la feria, se abrirá una discusión de fondo sobre la constitucionalidad del DNU, que ya genera fuertes cuestionamientos por su impacto en seguridad, defensa y derechos individuales. En tribunales estiman que podría haber novedades en los próximos días.
Los cinco amparos contra el DNU 941/2025
Las presentaciones se concentran en el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires y provienen de distintos espacios políticos y organizaciones civiles:
- Fundación Apolo Bases para el Cambio, a través de Yamil Santoro y José Mangiocalda, vinculados a Republicanos Unidos.
- Diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón.
- Dirigentes radicales, entre ellos Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido.
- El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
- El Llamamiento Argentino Judío, representado por Elina Malamud y Marcelo Horestein.
Cada uno de los escritos apunta a distintos aspectos del decreto, aunque coinciden en advertir sobre un avance inédito del Poder Ejecutivo en materia de inteligencia.
Cuestionamientos por la necesidad y la urgencia
Uno de los ejes centrales de las críticas es la falta de necesidad y urgencia. Los diputados de la Coalición Cívica y el Partido Socialista remarcan que Milei firmó el DNU un día después de finalizadas las sesiones extraordinarias, cuando aún tenía la posibilidad de prorrogarlas y enviar un proyecto de ley al Congreso.
En sus presentaciones, advierten además sobre el riesgo de un “estado policial”, al sostener que el decreto habilita un esquema donde cualquier ciudadano podría ser considerado una amenaza por decisión del Poder Ejecutivo.
Detenciones, espionaje y acciones encubiertas
La Fundación Apolo cuestionó que el DNU avance sobre una materia expresamente vedada: la aprehensión de personas por parte de agentes de inteligencia.
Por su parte, el CELS alertó que la norma desmonta prohibiciones históricas del sistema de inteligencia, al ampliar el concepto de contrainteligencia. Según el organismo, esto permitiría a la SIDE intervenir en ámbitos sociales, políticos e individuales, solicitar información sobre ciudadanos a otros organismos del Estado e intercambiar datos con agencias locales o extranjeras.
Los referentes radicales, en tanto, pusieron el foco en que todas las acciones pasarían a tener carácter “encubierto”, lo que dificultaría el control ciudadano y la supervisión parlamentaria.
“Atribuciones propias de regímenes totalitarios”
En uno de los escritos más duros, el Llamamiento Argentino Judío sostuvo que el DNU habilita atribuciones incompatibles con un sistema democrático.
“No queremos para la República Argentina organismos del Poder Ejecutivo con facultades propias de regímenes totalitarios, donde la arbitrariedad desplaza las garantías democráticas”, advirtieron sus autoridades.
La defensa del Gobierno y el rol de la SIDE
En medio de la avanzada judicial, la SIDE difundió un comunicado para defender la reforma. El organismo, conducido por Cristian Auguadra, negó que el DNU borre la separación entre inteligencia, seguridad y defensa.
Según explicó, con el DNU 951/2025 se eliminaron las tareas de inteligencia criminal, propias del Ministerio de Seguridad, al disolver la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), creada meses atrás. También destacó la reducción de estructuras de inteligencia militar dentro del Ministerio de Defensa.
Respecto a la urgencia, el argumento oficial es que la reforma era necesaria por el complejo contexto internacional. Desde la SIDE incluso mencionaron episodios de la política regional como justificación del decreto.
El anuncio de una nueva reforma en el Congreso
El Gobierno adelantó que habrá más cambios. Desde la SIDE aseguraron que las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia se debatirán en el Congreso, a través de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos meses.
En poco más de dos años, la administración Milei eliminó la AFI y restableció la SIDE, un organismo cuyo nombre remite al período previo a la reforma democrática del sistema de inteligencia. Todos los cambios se realizaron por DNU y reactivaron un debate de alto voltaje institucional.