Hospitales SAMIC: crece la preocupación y el rechazo a “cualquier intento de privatización”
El posible avance del gobierno nacional de Javier Milei sobre el sistema de hospitales SAMIC encendió una fuerte alarma en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, colegios profesionales, gremios estatales y asociaciones médicas expresaron su rechazo a cualquier intento de privatización o gerenciamiento privado de estos centros de alta complejidad, que cumplen un rol clave en la atención sanitaria de millones de bonaerenses.
La controversia se disparó tras la difusión de versiones periodísticas que indican que el Ejecutivo evalúa aplicar un “modelo español” de gestión privada en hospitales administrados de manera mixta por Nación y Provincia. En Buenos Aires funcionan cinco hospitales SAMIC: El Cruce, en Florencio Varela; Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas; Bicentenario, en Esteban Echeverría; Néstor Kirchner, en Laferrere; y René Favaloro, en Rafael Castillo. Un sexto se encuentra en Santa Cruz.
El Colegio de Médicos rechazó “cualquier intento de desarticulación”
El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, junto a sus diez distritos, difundió un comunicado en el que manifestó su “estado de alerta” y su “rechazo absoluto a cualquier intento de desarticulación del sistema público de Salud”.
Desde la entidad advirtieron que la preocupación no se limita a un hospital puntual, sino que involucra a “una red sanitaria estratégica de alta complejidad, que garantiza el derecho a la salud de miles de bonaerenses”. En ese marco, señalaron que la eventual introducción de lógicas de lucro privado podría fragmentar los circuitos de derivación y afectar la continuidad y la calidad de la atención.
“El Estado es capaz de gestionar servicios de salud con altos estándares de calidad, tecnología de vanguardia y excelencia profesional, sin exclusiones”, remarcaron. Además, el Colegio de Médicos sostuvo que no aceptará modificaciones en las condiciones laborales ni cambios en las formas de contratación que vulneren la Ley de Carrera Profesional o promuevan mecanismos de precarización encubiertos.
ATE y los gremios, en alerta permanente
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense también expresó su “más enérgico repudio” a cualquier intento de privatización de los hospitales SAMIC. El sindicato se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en defensa de un sistema que consideran “un derecho esencial y la fuente de trabajo de miles de estatales”.
“Cualquier intento de privatización o gerenciamiento privado quiebra el principio fundamental del acceso universal, gratuito y de calidad a la salud pública que merece el pueblo”, advirtieron desde ATE. En su comunicado, vincularon esta posible decisión con el impacto social del actual modelo económico y señalaron que alrededor de 18 millones de personas dependen exclusivamente del sistema público de salud, cifra que creció con el aumento del desempleo y la pobreza.
Según el gremio, la concurrencia en hospitales bonaerenses se incrementó entre un 12% y un 15%, con picos del 50% en algunas zonas, debido a la pérdida de cobertura de obras sociales tras los despidos que se multiplican en la gestión de Milei.
Preocupación en El Cruce, un hospital clave del conurbano
El foco del conflicto también se trasladó al Hospital El Cruce, uno de los centros de alta complejidad más importantes del país. La Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce (APHEC) se declaró en estado de alerta y movilización.
El Cruce atiende de manera gratuita a más de un millón de personas del sur del conurbano y es referencia nacional en cirugías cardiovasculares y trasplantes. Desde el gremio reclamaron “explicaciones claras y públicas” para garantizar el carácter estatal del hospital y advirtieron que estos modelos no pueden funcionar bajo lógicas de mercado.
Mientras el Gobierno nacional no emitió definiciones oficiales, el rechazo en la provincia crece. Colegios profesionales, sindicatos y trabajadores de la salud coinciden en un mensaje: avanzar sobre los hospitales SAMIC implicaría un golpe directo al sistema público, al empleo y al acceso universal a la salud.