La Provincia regula el uso de inteligencia artificial y busca ordenar su incorporación al Estado: las claves de una decisión que anticipa el debate
La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de las administraciones públicas. En ese escenario, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió avanzar con un marco regulatorio propio que establece condiciones obligatorias para desarrollar, adquirir o implementar cualquier sistema de IA dentro del Estado provincial.
A través del Decreto N° 742, el Ejecutivo aprobó un conjunto de principios, procedimientos y mecanismos de control que deberán cumplir todos los organismos de la Administración Pública Provincial. El objetivo declarado es incorporar estas tecnologías para mejorar la calidad de los servicios públicos sin resignar garantías vinculadas con la transparencia, la protección de datos personales y los derechos fundamentales.
La decisión también llega en un contexto de creciente discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la gestión estatal, tanto a nivel provincial como nacional, donde comenzaron a surgir iniciativas para establecer criterios comunes frente al avance de estas herramientas.
Uno de los aspectos centrales del decreto es que ningún ministerio, organismo descentralizado ni entidad autárquica podrá desarrollar, contratar o poner en funcionamiento sistemas de inteligencia artificial sin la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital, que fue designada como Autoridad de Aplicación.
La obligación también alcanza a las modificaciones sustanciales de sistemas que ya estén operativos, con el propósito de mantener un seguimiento permanente sobre la evolución tecnológica y los riesgos asociados.
Además de autorizar los proyectos, la Subsecretaría tendrá entre sus funciones establecer estándares técnicos para la adquisición e implementación de estas herramientas, homologar las soluciones tecnológicas utilizadas por los distintos organismos, realizar evaluaciones de riesgo y elaborar un manual específico para orientar las contrataciones públicas vinculadas con inteligencia artificial.
El decreto también habilita la creación de un consejo asesor interdisciplinario y multisectorial, cuyos integrantes desempeñarán sus funciones de manera ad honorem.
Los principios que deberán respetar todos los organismos
El marco aprobado fija once principios rectores que deberán guiar cualquier utilización de inteligencia artificial dentro del Estado bonaerense.
Entre ellos aparecen la centralidad de las personas y el respeto por los derechos fundamentales, la transparencia en el funcionamiento de los sistemas, la trazabilidad de los procesos automatizados, la protección de datos personales, la seguridad informática, la supervisión humana sobre las decisiones adoptadas mediante inteligencia artificial y la prevención de prácticas discriminatorias derivadas de sesgos algorítmicos.
El texto también incorpora conceptos vinculados con la soberanía tecnológica, promoviendo el desarrollo de capacidades propias dentro del Estado y procurando reducir dependencias tecnológicas que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos.
Otro de los puntos relevantes del decreto es la incorporación de mecanismos de evaluación de impacto. Antes de habilitar una herramienta de inteligencia artificial deberán analizarse aspectos relacionados con la eventual afectación de derechos fundamentales, la calidad de los datos utilizados para entrenar los modelos, la existencia de posibles sesgos, las consecuencias laborales derivadas de su implementación y hasta el impacto ambiental y energético que pueda generar su funcionamiento.
El propósito es que la incorporación de estas tecnologías no responda únicamente a criterios de eficiencia administrativa, sino que contemple también sus efectos sociales, jurídicos y económicos.
La norma será obligatoria para toda la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada y autárquica. En el caso de los municipios, el Gobierno bonaerense los invitó a adherir de manera voluntaria respetando las competencias propias de cada distrito.
Un debate que también llega a la Legislatura
La regulación del uso de inteligencia artificial comenzó a instalarse también en el plano legislativo. Días atrás, la diputada provincial Silvina Nardini presentó un proyecto de ley para establecer un régimen específico sobre el uso de estos sistemas dentro de la administración pública bonaerense.
La iniciativa tomó impulso tras las denuncias por la manipulación digital y difusión de imágenes íntimas de estudiantes mediante inteligencia artificial, un episodio que reabrió el debate sobre la necesidad de establecer límites normativos frente a tecnologías capaces de generar contenidos cada vez más difíciles de distinguir de los reales.
“Su utilización permite mejorar la gestión documental y administrativa, optimizar el procesamiento de expedientes, asistir en la elaboración de informes y documentos, fortalecer la atención ciudadana, realizar análisis estadísticos complejos y contribuir al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas”, explicó Nardini.
Sin embargo, aclaró que la utilización de la IA deberá ajustarse a los principios rectores de legalidad, transparencia, trazabilidad, auditabilidad, protección de datos personales, igualdad de trato, control humano significativo, seguridad informática, eficiencia administrativa, responsabilidad institucional e inclusión digital.
El proyecto propone crear un registro provincial de sistemas de IA de uso público, implementar auditorías técnicas periódicas y establecer capacitaciones obligatorias para los agentes estatales. También determina que las decisiones finales no podrán quedar exclusivamente en manos de algoritmos, sino que deberán contar con validación humana.
También la Nación avanza con controles sobre la inteligencia artificial
La discusión excede el ámbito bonaerense. En las últimas semanas, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) oficializó la Guía de Controles para Inteligencia Artificial, aprobada mediante la Resolución 197/2026.
El documento propone un esquema preventivo basado en la identificación y mitigación de riesgos para los proyectos de IA dentro de la administración pública nacional.
Entre las principales amenazas que identifica aparecen la exposición de información sensible en plataformas abiertas, el tratamiento inadecuado de datos personales, la dependencia de proveedores tecnológicos externos, la falta de mecanismos para validar los resultados generados por inteligencia artificial y la ausencia de trazabilidad sobre las decisiones automatizadas.
El titular de la SIGEN, Alejandro Díaz, sostuvo que la guía busca ofrecer "un marco orientador para identificar, evaluar y mitigar los riesgos vinculados a la inteligencia artificial en el sector público", al tiempo que remarcó la necesidad de que cada organismo cuente con políticas institucionales claras y capacitación específica para sus equipos.
Con iniciativas que avanzan en paralelo desde la Provincia, la Legislatura bonaerense y el Gobierno nacional, la regulación de la inteligencia artificial empieza a consolidarse como uno de los nuevos ejes de modernización del Estado, en un escenario donde el desafío ya no pasa únicamente por incorporar estas herramientas, sino por definir bajo qué reglas deberán funcionar.