Coparticipación: el CUD 2026 reabre una fuerte disputa
La oficialización del Código Único de Distribución (CUD) 2026 volvió a poner en primer plano una discusión estructural en la provincia de Buenos Aires. El índice, que define cómo se reparte la coparticipación entre los 135 municipios, quedó esta semana en el centro de un debate que ya excede lo técnico y promete escalar a la Legislatura, con cuestionamientos dentro del propio oficialismo y una ofensiva abierta de la oposición.
El régimen vigente se rige por la Ley 10.559, sancionada en 1988, que establece que los municipios reciben el 16,14% de determinados impuestos provinciales y nacionales, monto que luego se distribuye según el CUD. La fórmula combina criterios de población, capacidad tributaria, superficie y servicios, con un fuerte peso del sistema de salud municipal, lo que desde hace años genera ganadores y perdedores en el mapa bonaerense.
El massismo impulsa cambios en la fórmula
Desde el Frente Renovador, que integra los bloques oficialistas Fuerza Patria, admiten que el sistema “necesita una modificación hace años” y lo definen como una “deuda institucional”. Según explicaron, el CUD reproduce una lógica similar a la coparticipación federal, donde la provincia de Buenos Aires aporta cerca del 40% de los recursos y recibe poco más del 20%.
“Es una fórmula que toma los servicios de salud como factor y hay municipios que tienen menos territorio y población que otros, pero con un centro de salud infernal que lo paga la Provincia, cuando otros distritos que tienen el sistema de salud municipalizado reciben menos. Este sistema agrava las ineficiencias”, señalaron desde el espacio.
Si bien aún no hay proyectos formalizados, los diez diputados y tres senadores del massismo iniciaron conversaciones para elaborar una propuesta consensuada. Entre los puntos en análisis aparece la incorporación de servicios complementarios que los municipios fueron asumiendo con el tiempo, como seguridad, monitoreo urbano o patrulleros propios. También se evalúa ponderar la recaudación local de tasas clave como ABL y Seguridad e Higiene.
La Libertad Avanza va por la eliminación del CUD
En el extremo opuesto, La Libertad Avanza plantea directamente desarmar el sistema. El senador provincial Matías de Urraza fue uno de los primeros en cuestionar el CUD 2026. “Hay que eliminar el CUD e ir hacia un esquema de autonomía total de los municipios”, sostuvo, antes de advertir: “No hay autonomía sin recursos, así es una proclamación mentirosa”.
La iniciativa, que se plasmará en un proyecto de ley, plantea que los impuestos patrimoniales pasen a ser administrados por los intendentes. “El CUD se opera sobre el 16,14% de los impuestos, tranquilamente esa masa podría pasar directamente a los intendentes y caminar a un esquema de casi autonomía total”, afirmó.
De Urraza citó como antecedente experiencias previas de descentralización impositiva y remarcó que el objetivo es generar competencia entre municipios. “Lo que quiero es que los intendentes compitan a ver quién es el mejor en lo suyo, el que lleva más inversiones a su municipio”, concluyó.
Un reparto desigual que alimenta reclamos
El debate se intensifica por el impacto concreto del CUD en las cuentas locales. Según un informe de la Consultora PPA, entre 2016 y 2026 los mayores incrementos acumulados se registraron en distritos como Escobar, Lomas de Zamora, José C. Paz y Tigre, mientras que Arrecifes, Luján, Merlo y Tapalqué figuran entre los más perjudicados.
General Pueyrredon aparece como uno de los casos más críticos. La senadora libertaria Cecilia Martínez apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y denunció una pérdida sostenida de recursos. “Desde hace 7 años, General Pueyrredon pierde en la fórmula de coparticipación. No es caprichoso el planteo, se trata solo de recibir lo que nos corresponde como Municipio”, afirmó. Y lanzó: “Hay que ir hacia una reforma profunda y poner fin a este sistema injusto. Dale, vos podés Axel”.
El malestar también alcanzó a otro municipio de la Quinta Sección, gobernado por la UCR, cuyo CUD cayó el máximo permitido del 5%. En un comunicado oficial, la comuna estimó el perjuicio en más de 800 millones de pesos anuales y advirtió que en la última década la pérdida acumulada equivale a cuatro meses de salarios municipales.
Con el nuevo CUD ya vigente, la discusión por la coparticipación vuelve a instalarse como una de las disputas políticas más sensibles del año legislativo.