La oposición complica las extraordinarias por el DNU de Milei
El Gobierno enfrenta un escenario parlamentario cada vez más adverso en el inicio de 2026. Mientras Javier Milei evalúa convocar a sesiones extraordinarias en febrero, la oposición avanza en una estrategia común que podría poner en jaque uno de los decretos más sensibles de su gestión: el DNU que reforma la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus facultades.
En los primeros días del año, los contactos entre referentes opositores se intensificaron pese al receso legislativo. El objetivo es claro: reunir los votos necesarios para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, firmado el 31 de diciembre, publicado el 2 de enero y cuestionado por su contenido y por la vía elegida para su implementación.
Según la normativa vigente, el próximo viernes 16 de enero vence el plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo remita el decreto al Congreso. Luego, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá tiempo hasta el 30 de enero para expedirse. A partir de allí, ambas Cámaras quedarían habilitadas para tratarlo en el recinto, en coincidencia con una eventual apertura de sesiones extraordinarias.
Un dilema para el oficialismo
En ese contexto, el oficialismo enfrenta una disyuntiva política. Convocar a extraordinarias implicaría exponer el DNU a una votación adversa, como ya ocurrió en 2024 cuando el Congreso rechazó la ampliación de fondos reservados de la SIDE. Postergar el llamado, en cambio, dilataría la agenda legislativa del Gobierno, incluida la discusión de la reforma laboral.
“El 30 de diciembre terminaron las extraordinarias y el DNU se firmó al día siguiente. Si ahora llaman a sesionar y no incluyen el decreto en el temario, se cae el argumento de la urgencia”, explicó un diputado opositor involucrado en las negociaciones interbloque.
En Diputados, la oposición asegura contar con al menos 121 votos para rechazar la norma. “Ese número surge del bloque del peronismo, más 22 de Unidos, los cuatro de la izquierda, dos de la Coalición Cívica, Natalia De la Sota y Jorge Fernández. Estamos muy cerca del número sin salir a buscar votos en la UCR, el PRO o los bloques provinciales”, detalló una alta fuente del peronismo.
El DNU bajo la lupa política y judicial
El rechazo al decreto no se limita al plano legislativo. Esta semana, los diputados Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón presentaron una acción de amparo para suspender sus efectos, solicitando su inconstitucionalidad y nulidad absoluta.
Ferraro advirtió que el DNU “consolida un modelo discrecional y poco transparente en la toma de decisiones en materia de inteligencia”, y cuestionó la eliminación del control del Senado en el nombramiento de autoridades, la ampliación de la autonomía presupuestaria y el carácter encubierto de todas las actuaciones de la SIDE.
“El punto más grave es la incorporación de la facultad de aprehender personas por parte de agentes de inteligencia, cuando históricamente existió una prohibición expresa de que los organismos de inteligencia realicen tareas represivas o policiales”, sostuvo el diputado de la Coalición Cívica.
En la oposición también señalan que el decreto aborda materias que no revisten urgencia y que, por su sensibilidad institucional, deberían debatirse en el Congreso. Además, algunos bloques especulan con que sectores del PRO podrían acompañar el rechazo como respuesta política a acuerdos previos entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo que los dejaron afuera de la Auditoría General de la Nación.
Mientras tanto, el Gobierno reunirá a su mesa política el 16 de enero para hacer un primer poroteo de votos y definir si avanza o no con la convocatoria a extraordinarias. La decisión no es menor: abrir el Congreso podría acelerar una derrota parlamentaria que el oficialismo busca evitar.