Política Por: Pamela Orellana12 de enero de 2026

Mapa hídrico: seis municipios deberán frenar obras en áreas críticas

Un nuevo mapa oficial fija restricciones al uso del suelo en Avellaneda, Lanús, Almirante Brown y otros distritos del Conurbano para reducir el riesgo de inundaciones.
Seis municipios deberán frenar obras en áreas inundables (Avellaneda, marzo 2024)

La provincia de Buenos Aires aprobó oficialmente un Mapa de Peligrosidad Hídrica para una de las cuencas más sensibles del Conurbano sur, una herramienta que fija límites concretos al crecimiento urbano en zonas inundables y obliga a seis municipios a adaptar su normativa local.

La medida fue dispuesta por la Autoridad del Agua (ADA) y alcanza a territorios de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Almirante Brown, atravesados por los arroyos San Francisco, Las Piedras, Sarandí y Santo Domingo.

La decisión quedó plasmada en la Resolución de Firma Conjunta Nº 1979-ADA-2025 y se apoya en el artículo 6° de la Ley 12.257, el Código de Aguas bonaerense, que obliga al Estado provincial a identificar áreas con riesgo de inundaciones y clasificar sus niveles de peligrosidad. El instrumento se vuelve vinculante y marca un cambio relevante en la planificación territorial de una región densamente urbanizada y con antecedentes reiterados de anegamientos.

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Zonas inundables y límites al uso del suelo

El mapa delimita áreas con distintos grados de exposición al agua en base a tormentas críticas o “eventos de diseño”, con recurrencias estimadas de 10, 25, 50, 100 y hasta 200 años. Para su elaboración, el equipo técnico de la Dirección de Planeamiento Hídrico de la ADA integró estudios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos, datos topográficos actualizados, análisis de uso del suelo, regímenes de precipitaciones y proyecciones de escenarios de cambio climático. También participaron especialistas externos, lo que permitió robustecer las conclusiones técnicas.

Con la aprobación del instrumento, los municipios alcanzados deberán incorporar la cartografía a sus Códigos de Ordenamiento Territorial, Códigos de Edificación y normativa sobre uso del suelo. En la práctica, esto implica restricciones urbanísticas según el nivel de riesgo hídrico: desde la prohibición de nuevas obras en zonas críticas hasta condicionamientos para loteos, subdivisiones y exigencias técnicas específicas para construir.

La resolución es explícita al señalar que no podrán realizarse obras ni plantaciones dentro de las áreas de peligrosidad sin autorización previa de la ADA, ni otorgarse factibilidades hidráulicas que no cumplan con las condiciones del Código de Aguas. De este modo, el mapa pasa a ser una referencia obligatoria para organismos provinciales, gobiernos locales, desarrolladores urbanos y áreas de infraestructura.

Un instrumento clave para la prevención

En los considerandos, la norma subraya que el agua es un recurso estratégico que puede generar beneficios y perjuicios al mismo tiempo. Por eso, el Código de Aguas no sólo regula su uso y aprovechamiento, sino que también apunta a su preservación y a la reducción de impactos sobre las personas, sus bienes, sus derechos y el ambiente.

La resolución instruye además a la Dirección Provincial de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta a publicar el mapa en el geoportal oficial de la ADA y a brindar asistencia técnica a los municipios para su implementación. El texto fue analizado por la Dirección de Asuntos Legales, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, y comunicado a siete ministerios provinciales, al Instituto de la Vivienda y a los gobiernos locales involucrados. 

El nuevo mapa se inscribe en una agenda más amplia de gestión del riesgo hídrico. En 2024, la Provincia promulgó la Ley 15.486, que creó el Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras para conseguir financiamiento destinado a obras de prevención de inundaciones. En septiembre de 2025, autoridades provinciales y referentes técnicos se reunieron para evaluar la situación de la cuenca y diagramar acciones, en un contexto donde el ordenamiento territorial aparece como una pieza clave para reducir daños futuros.

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