La disputa por el Garrahan suma un nuevo capítulo: Homero Giles rechaza la deuda que reclama Nación y denuncia sobreprecios
La controversia entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof por el financiamiento del Hospital Garrahan sumó un nuevo actor central en la discusión. El presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, salió a responder el reclamo por más de $8.278 millones impulsado por las autoridades nacionales y sostuvo que la Provincia no mantiene deudas pendientes con el principal hospital pediátrico del país.
Las declaraciones del funcionario llegaron en un contexto de creciente tensión política. Mientras desde la Casa Rosada insisten en que la obra social bonaerense mantiene una deuda millonaria, la Provincia sostiene que ya canceló la totalidad de los compromisos reconocidos tras una auditoría propia. El tema incluso desembarcó esta semana en la Cámara de Diputados bonaerense, donde la oposición intentó instalar el debate sobre la situación financiera de IOMA.
Giles explicó que el conflicto no gira en torno a una falta de pago, sino a diferencias sobre la validez y el valor de las prestaciones reclamadas por el Hospital Garrahan. Según detalló a La Cielo, el instituto recibió durante meses una enorme cantidad de documentación vinculada a prestaciones médicas realizadas a afiliados bonaerenses. Frente a esa situación, IOMA conformó un equipo específico para revisar expediente por expediente y verificar la consistencia de las facturas presentadas.
De acuerdo con ese trabajo, el reclamo original rondaba los $9.000 millones. Sin embargo, tras el proceso de auditoría, la obra social reconoció cerca de $2.000 millones. Giles afirmó que ese monto ya fue cancelado en su totalidad luego del pago del saldo final de aproximadamente $1.230 millones.
Uno de los aspectos más sensibles planteados por el funcionario fue la diferencia entre los valores reclamados por el Garrahan y los costos que, según IOMA, se pagan habitualmente en otras instituciones de alta complejidad.
Giles aseguró que algunas prácticas presentaban montos considerablemente superiores a los observados en otros prestadores. Como ejemplo, mencionó procedimientos de trasplante que, según sostuvo, fueron facturados por alrededor de $260 millones cuando en otros centros de referencia tendrían costos cercanos a los $40 millones.
Para el titular de IOMA, esa diferencia explica buena parte de la brecha existente entre el monto reclamado por Nación y el que finalmente reconoció la obra social. En ese sentido, afirmó que los más de $7.000 millones restantes no fueron abonados porque, según el análisis realizado por el instituto, no se correspondían con valores razonables dentro del mercado sanitario.
El pedido de una auditoría conjunta
La Provincia sostiene desde hace semanas que la mejor forma de resolver la controversia es mediante una revisión técnica compartida entre ambas partes.
Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, propuso formalmente la realización de una auditoría conjunta para analizar cada prestación observada y contrastar la documentación existente tanto en IOMA como en el Hospital Garrahan.
Según expresó Giles la propuesta no prosperó. El funcionario cuestionó que las autoridades nacionales hayan rechazado esa instancia técnica y consideró que el conflicto se trasladó rápidamente al terreno político.
Desde el Gobierno bonaerense interpretan que una revisión conjunta permitiría determinar qué prestaciones cuentan con respaldo administrativo, cuáles ya fueron abonadas y cuáles permanecen efectivamente pendientes.
La postura nacional es diametralmente opuesta. A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno aseguró que la deuda asciende exactamente a $8.278.254.990,97 y sostuvo que continúa incrementándose debido a los intereses generados por la mora.
Según la documentación difundida por las autoridades nacionales, el reclamo involucra prestaciones brindadas a más de 44.000 afiliados de IOMA y comprende tanto obligaciones corrientes como expedientes judicializados que se remontan a varios años atrás.
El propio Kreplak respondió públicamente a esos planteos y afirmó que los registros administrativos de la Provincia muestran que no existen obligaciones pendientes con el hospital. Además, reiteró la invitación a realizar una auditoría conjunta para revisar la totalidad de la documentación.