Diputados reciben a familias por el ajuste en cardiopatías

Diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) recibieron este martes a colectivos de familias con hijos e hijas con cardiopatías congénitas, en un encuentro marcado por la preocupación ante el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política sanitaria clave para la detección temprana y el tratamiento oportuno de estas patologías.

La reunión se dio luego de que el gobierno de Javier Milei resolviera la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el programa a nivel nacional, una decisión que dejó sin conducción técnica a un área crítica del sistema de salud.

Un programa clave en riesgo

Las familias advirtieron que la medida pone en jaque la continuidad de un dispositivo esencial para la atención inmediata de niñas y niños que requieren intervenciones urgentes. Las cardiopatías congénitas constituyen la segunda causa de muerte neonatal en la Argentina.

Cada año nacen en el país alrededor de 4.000 bebés con este tipo de patologías y cerca del 50% necesita cirugías de alta complejidad para poder sobrevivir. Sin una coordinación especializada, alertaron, se comprometen los traslados, el acceso a medicación y la llegada a quirófano en tiempo y forma.

El testimonio de las familias

Durante el encuentro, Lucía Wajman, integrante de Cardiocongénitas Argentinas, describió el clima de incertidumbre que atraviesan quienes dependen del programa.

“La situación de incertidumbre es total y quedamos completamente desamparadas. El despido de los médicos dejó al programa sin conducción especializada. No sabemos si nuestros hijos van a poder ser trasladados, si van a recibir la medicación o si van a llegar al quirófano. Nos genera mucho miedo”, expresó.

Ajuste, ley vigente y un conflicto político

En la reunión también se subrayó que la crisis se inscribe en un ajuste más amplio sobre el sistema sanitario. En 2023, el Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Cardiopatías Congénitas, que amplió el alcance del programa y garantizó una atención continua a lo largo de la vida.

Las familias recordaron que Javier Milei y Victoria Villarruel votaron en contra de la ley cuando eran diputados nacionales y advirtieron que la actual política oficial contradice una norma que protege explícitamente el funcionamiento del programa.

“Bajo el argumento de la baja natalidad, el Gobierno decide desmantelar un programa que tiene fuerza de ley. Justificarlo así es completamente falaz”, cuestionó una de las participantes.

El Congreso avanza con citaciones y pedidos de informes

Desde el bloque de Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, reafirmaron que “el compromiso con el derecho a la salud del pueblo argentino y, en particular, el de las infancias, es inclaudicable”.

Los legisladores detallaron que ya se presentaron proyectos y pedidos de acceso a la información pública y confirmaron que se avanzará con la citación del ministro de Salud, Mario Lugones, para que dé explicaciones en el Congreso sobre el vaciamiento del programa.

Entre los diputados presentes estuvieron Paula Penacca, Germán Martínez, Blanca Osuna, Eduardo Valdés, Javier Andrade, Lorena Pokoik y Lucía Cámpora.

Convocan a un banderazo federal

En paralelo, los colectivos de familias anunciaron que el 1 de febrero realizarán un banderazo federal en distintos puntos del país para visibilizar el conflicto y reclamar por la continuidad del programa.

La consigna sintetiza el reclamo con una frase contundente: “Nuestros hijos ponen el cuerpo en las terapias, nosotras ponemos el cuerpo en las calles”.