El Gobierno acelera la privatización de AySA
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de privatizaciones y avanza con la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El pliego de licitación que habilitará la competencia entre privados para quedarse con el paquete accionario mayoritario podría publicarse antes de que finalice el primer trimestre de 2026, con febrero y marzo como las fechas más probables, según confirmaron fuentes oficiales a TN.
La publicación del documento en el Boletín Oficial será el movimiento formal que active el proceso para que el Estado nacional se desprenda de su participación en la compañía y deje la gestión en manos privadas.
Actualmente, el Estado posee el 90% del capital social de AySA, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores, bajo el esquema del Programa de Propiedad Participada.
El esquema diseñado por el Gobierno contempla dos etapas bien definidas: licitación de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, que pasará a controlar la gestión operativa; y colocación del remanente, hasta completar el 90%, en el mercado de valores mediante un sistema de oferta pública.
El objetivo es que un privado asuma el rol de accionista mayoritario, mientras que el resto de las acciones se ofrecerán en el ámbito bursátil.
El marco legal que habilita la venta de AySA
La privatización de AySA se apoya en la Ley de Bases (Ley 27.742), sancionada en 2024, que declaró a la empresa como “sujeta a privatización”, junto a otras compañías estatales como Corredores Viales, Intercargo, Enarsa, Belgrano Cargas y Trenes Argentinos Operaciones.
En esa línea, el Decreto 494/2025 habilitó formalmente la venta de la totalidad de las acciones que posee el Estado, mientras que el Decreto 805/2025 actualizó el marco regulatorio del servicio, incluyendo la posibilidad de interrumpir el suministro por falta de pago, una medida que generó fuerte debate político y social.
Como paso previo a la privatización, el Ejecutivo aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024–2026. Según datos oficiales, el programa contempló inversiones estatales superiores a los $753.900 millones, con el objetivo de dejar a la empresa en condiciones operativas y financieras más atractivas para los futuros compradores.
El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) son los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las condiciones legales y de mercado durante todo el proceso.
Qué empresas suenan como posibles compradoras
Si bien el proceso se mantiene bajo estricta reserva, fuentes del sector confirmaron que las firmas interesadas deberán contar con experiencia acreditada en servicios públicos.
Entre las compañías que suenan con más fuerza figuran: Grupo Roggio; SABESP, la empresa estatal de saneamiento de San Pablo; y Río+Saneamento, otra firma brasileña del sector
De todos modos, desde el Gobierno evitan confirmar oficialmente el nivel de interés y no descartan que se sumen nuevos jugadores una vez publicado el pliego.