“Presidente pro-guerra”: impulsan un juicio político contra Javier Milei

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó un proyecto para iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei, al que acusa de impulsar una política exterior alineada con Estados Unidos y de poner en riesgo la histórica condición de América Latina como “zona de paz”.

La iniciativa, que ingresó en la Cámara de Diputados, cuestiona el estrecho vínculo del mandatario argentino con el presidente estadounidense Donald Trump y advierte sobre una serie de decisiones diplomáticas y militares que, según el legislador, configuran un patrón de conducta incompatible con la Constitución Nacional.

En los argumentos del proyecto, Marino calificó como un “ataque terrorista” la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que —según sostuvo— fue celebrado públicamente por Milei. Además, cuestionó lo que definió como un “compromiso” del jefe de Estado argentino para “participar militarmente en futuros actos de guerra de Estados Unidos en la región”.

Para el diputado, estas expresiones y gestos no son aislados, sino que forman parte de una estrategia más amplia que compromete la soberanía nacional y la estabilidad regional.

Marino también enumeró una serie de hechos que, a su entender, refuerzan la gravedad de la situación. Entre ellos mencionó "la participación de representantes del oficialismo en la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, la intervención del Puerto de Ushuaia y el compromiso de colaboración militar con ataques de EEU. U contra América Latina sin pasar por el Congreso".

“Son todos hechos que ponen de manifiesto una conducta sistemática de Milei cuyo objetivo es terminar con la condición de zona de paz de nuestra región y favorecer la guerra de Trump contra América Latina y el Caribe”, afirmó Marino.

En esa línea, advirtió que una eventual militarización del continente tendría consecuencias profundas. “Que el continente se transforme en una zona de guerra es extremadamente grave”, sostuvo, y alertó por un posible colapso económico, el cercenamiento de las libertades políticas y el riesgo de una crisis humanitaria.

Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria.

El respaldo jurídico y constitucional

En una nota de opinión publicada en Tiempo Argentino, Marino amplió los fundamentos legales del pedido de juicio político. Allí sostuvo que las declaraciones públicas, los actos institucionales y las acciones diplomáticas del Presidente colocan a la Argentina fuera de su postura histórica de defensa de la región como Zona de Paz.

Recordó que este principio no es una mera consigna diplomática, sino un instituto jurídico consolidado, respaldado por la Proclama de La Habana de 2014, el Tratado de Tlatelolco y la Resolución 41/11 de la Organización de las Naciones Unidas.

Según el legislador, el principal bien jurídico afectado es la paz, protegida explícitamente por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. En ese marco, cuestionó la subordinación de la política de defensa argentina a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Marino advirtió que celebrar ataques contra países de la región, permitir la intervención de infraestructura estratégica y subordinar a las Fuerzas Armadas a planes del Pentágono “contribuye a transformar de facto a América Latina en una zona de guerra”.

El proyecto también enumera una serie de posibles violaciones legales que, según Marino, podrían configurar causales de juicio político. Entre ellas figuran la violación de tratados internacionales, la usurpación de facultades del Congreso, el incumplimiento de deberes de funcionario público y la posible comisión de delitos vinculados a la soberanía territorial y la seguridad interior.

Además, se mencionan episodios como el ingreso de tropas estadounidenses sin aval legislativo, la solicitud para que la Argentina sea considerada “socio global de la OTAN” y la reforma del sistema de inteligencia mediante decretos.

“Es urgente ponerle un límite y el instrumento institucional para hacerlo es el juicio político. No podemos tolerar tener un Presidente pro-guerra en nuestro país”, sintetizó.