"No resuelve el problema, lo profundiza": la Iglesia rechazó bajar la edad de imputabilidad
El pronunciamiento fue firmado por Cáritas Argentina y las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, con apoyo de organismos de la niñez.
A días del debate parlamentario, la Iglesia Católica Argentina fijó una posición contundente contra el proyecto que impulsa la baja de la edad de imputabilidad penal. A través de una carta abierta dirigida a legisladores nacionales, advirtió que la iniciativa “no resuelve el problema” de la inseguridad juvenil y, por el contrario, “lo endurece y lo profundiza”.
El documento lleva la firma de Cáritas Nacional y de las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, y cuenta con el respaldo de organismos especializados como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y asociaciones de profesionales de la salud mental, magistrados y defensores de los derechos de la niñez.
Desde el inicio, la Iglesia cuestiona la lógica central del proyecto impulsado por el Gobierno. “Reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, sostiene el texto, que reclama priorizar políticas públicas de educación, salud mental e inclusión social antes que un esquema punitivo.
En esa línea, los obispos remarcan que el debate está atravesado por una fuerte carga mediática y electoral. Según plantean, el uso del dolor social como herramienta discursiva bloquea una discusión profunda sobre las causas estructurales del delito juvenil y deriva en “propuestas simplificadoras”.
Críticas a la falta de sustento técnico y presupuestario
Otro de los ejes centrales de la carta apunta a la viabilidad real del nuevo régimen penal juvenil. La Iglesia se pregunta si el Estado cuenta con las condiciones institucionales y presupuestarias necesarias para garantizar tratamientos psicológicos, continuidad educativa, capacitación laboral y dispositivos adecuados de reinserción social.
También advierte que la iniciativa introduce criterios arbitrarios al combinar diagnósticos de salud mental con pronósticos criminológicos que, según el documento, carecen de respaldo científico. “No asegura defensa técnica especializada ni condiciones acordes al debido proceso”, alertan.
Desde una perspectiva jurídica, el texto señala “serios cuestionamientos de constitucionalidad”. Sostiene que el proyecto contradice la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, aporta datos para desarmar el argumento de una supuesta escalada del delito juvenil. Según cifras citadas en la carta, la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales alcanza apenas el 0,42 %, y cerca del 80 % de los hechos corresponden a delitos contra la propiedad. Los delitos graves, como los homicidios, resultan excepcionales.
En ese marco, la Iglesia remarca que Argentina, con una edad mínima de imputabilidad fijada en los 16 años, se ubica entre los países menos violentos de la región, mientras que aquellos con umbrales más bajos registran mayores tasas de homicidios.
El respaldo del papa Francisco y la mirada social
El documento recupera una definición del papa Francisco para reforzar su postura: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez”. Desde ese enfoque, rechaza el eslogan “delito de adulto, pena de adulto” y subraya que la intervención penal debe ser siempre la última instancia.
La Iglesia también alerta sobre el impacto simbólico del proyecto en el imaginario social. Advierte que instala la idea de que niños y adolescentes son una amenaza, mientras problemas estructurales como el narcotráfico y la criminalidad organizada continúan operando con altos niveles de impunidad en los barrios más vulnerables.
Lejos de negar la necesidad de una reforma del Régimen Penal Juvenil, la Iglesia reconoce la existencia de un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes. Sin embargo, plantea que la solución pasa por un enfoque preventivo y restaurativo.
Para los menores de 16 años, propone un abordaje desde los Juzgados de Familia y el sistema de protección integral de derechos, fuera del ámbito penal. Para adolescentes mayores que cometan delitos graves, impulsa esquemas de justicia restaurativa, que —según destacan— han demostrado reducir la reincidencia a niveles mínimos.
“El desafío es construir un entramado social que cuide, incluya y repare”, concluye la carta, que sintetiza su postura en una consigna clara: “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”.
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