Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que llega al Senado
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno, que propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. La iniciativa fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, y ahora será girada al Senado para su tratamiento definitivo.
El oficialismo logró construir una mayoría amplia con el acompañamiento de sus aliados habituales y el respaldo parcial de bloques provinciales y federales, tras una intensa negociación que incluyó modificaciones de último momento para destrabar la votación.
El proyecto busca reemplazar el Régimen de Minoridad vigente desde 1980 y constituye la modificación más profunda en materia de responsabilidad penal adolescente de la gestión de Javier Milei.
La iniciativa establece que los menores de 14 y 15 años podrán ser penalmente responsables en casos de delitos graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros.
Uno de los puntos centrales del texto es la fijación de una pena máxima de hasta 15 años de prisión, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena.
Para los delitos con penas menores a 10 años, el régimen prioriza sanciones alternativas a la cárcel. Entre ellas se incluyen: amonestaciones formales, prohibición de acercamiento o contacto con la víctima, servicio comunitario, monitoreo electrónico, restricciones para concurrir a determinados lugares, prohibición de conducir vehículos y reparación integral del daño causado.
Institutos especiales y separación de adultos
El proyecto enfatiza la creación de institutos específicos para adolescentes, donde se garantice el derecho a la educación, la atención médica integral y el tratamiento de adicciones en caso de ser necesario.
Además, se establece de manera expresa que los menores no podrán compartir espacios de detención con adultos, y que todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia. Estos puntos fueron reforzados tras modificaciones impulsadas por la Coalición Cívica durante el debate en el recinto.
Para infracciones leves, el régimen habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, con intervención obligatoria de las partes y el consentimiento expreso de la víctima. La intención, según el texto aprobado, es priorizar mecanismos restaurativos y evitar la judicialización innecesaria.
Otro eje clave de la reforma es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza: derecho a ser informadas, derecho a ser escuchadas, patrocinio jurídico, asistencia psicológica y participación en instancias relevantes del proceso.
En la versión final, se modificó el alcance de la querella en el proceso a prueba, dejando esa atribución exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.
Cómo votó cada bloque
Según el acta oficial de votación nominal, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el MID acompañaron de manera mayoritaria el proyecto. También hubo respaldo significativo, aunque con algunas disidencias, de bloques provinciales y federales, lo que permitió alcanzar los 149 votos afirmativos.
En Unión por la Patria, el rechazo fue predominante, aunque se registraron diferencias internas, con algunos legisladores acompañando artículos puntuales. El Frente de Izquierda votó en bloque en contra, al considerar que la reforma endurece el sistema penal y no aborda las causas estructurales del delito juvenil.
Tras la media sanción, la Oficina del Presidente celebró el avance del proyecto y apuntó contra la falta de definiciones políticas en las últimas décadas. En un comunicado difundido en redes sociales, sostuvo que durante más de 40 años la dirigencia evitó dar el debate, pese a la presentación de decenas de iniciativas que nunca llegaron al recinto, mientras el fenómeno del delito juvenil se transformó y ganó complejidad.
"Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz", remarcó y agregó que, "sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe".
"Este proyecto pone fin a esa distorsión. Establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas", finalizó el comunicado oficial.