Diputados y rectores rechazaron el proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario
Un grupo de legisladores nacionales y representantes de universidades públicas rechazó este martes el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar que implica “un retroceso y una reducción de los recursos” destinados al sistema.
La reunión se realizó en la Cámara de Diputados y fue convocada por la diputada Blanca Osuna, en medio de un escenario de alta tensión por la aplicación de la norma sancionada en 2025 y actualmente judicializada por su incumplimiento.
El planteo en el Congreso
Durante el encuentro participaron el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a Lucía Cámpora, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Itai Hagman, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Romina del Plá y Myriam Bregman, entre otros.
Los legisladores cuestionaron la iniciativa del Ejecutivo que busca introducir cambios en la ley ya aprobada por el Congreso y cuyo veto presidencial fue revertido con los dos tercios de los votos.
Según señalaron, la norma vigente debe cumplirse y no ser reemplazada por un nuevo esquema que, aseguran, reduce el alcance de la recomposición presupuestaria y salarial.
El reclamo del CIN y los rectores
En representación del Consejo Interuniversitario Nacional, la rectora de la UNA, Sandra Torlucci, leyó un comunicado en el que el organismo sostuvo que “existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo”.
También tomaron la palabra el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro; el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo; y la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone.
Soro calificó la situación como “muy grave” y afirmó que el proyecto oficial “persigue un solo objetivo que es la destrucción total de la universidad pública”.
Qué cambia el proyecto del Gobierno
El Ejecutivo envió una nueva iniciativa que busca tratar en marzo, al inicio de las sesiones ordinarias. Según el texto, se propone recomponer únicamente lo perdido en 2025 y no lo correspondiente a 2024.
La propuesta oficial contempla una actualización salarial del 12,3% en tres cuotas de 4,1% (marzo, julio y septiembre), mientras que la ley vigente establece que el Estado debe recomponer lo perdido por IPC desde diciembre de 2023.
Además, el proyecto prevé convocar a paritarias al menos una vez cada tres meses, con una actualización mensual no inferior a la inflación informada por el Indec. Sin embargo, gremios y rectores advierten que la redacción elimina garantías explícitas previstas en la norma actual.
La posición de los gremios docentes
Desde la CONADU ratificaron que “la única solución posible es el cumplimiento de la ley vigente” y cuestionaron que el Gobierno se niegue a aplicar una norma que fue votada seis veces en el Congreso y ratificada tras el veto presidencial.
La federación señaló que la ley obliga a recomponer salarios —que representan el 90% del presupuesto universitario—, becas y gastos de funcionamiento, incluyendo partidas para hospitales universitarios y extensión.
Por su parte, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios y otros gremios advirtieron que la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 supera el 30% y que, para recuperar el poder adquisitivo previo, se necesitaría una recomposición cercana al 55%.
El secretario general de FATUN, Walter Merkis, llamó a sostener la unidad del sector y remarcó el rol de la universidad pública como vía de ascenso social.
Una definición judicial pendiente
Mientras crece el conflicto político y gremial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver una medida cautelar presentada para exigir el cumplimiento de la ley vigente.
La definición judicial será clave para determinar si el Ejecutivo debe aplicar de inmediato la norma sancionada por el Congreso o si avanza el nuevo proyecto impulsado por el oficialismo.
En ese contexto, el sistema universitario se mantiene en estado de alerta, con consultas y asambleas en curso y la posibilidad de un plan de lucha que podría definirse en los próximos días.