Súper RIGI: aliados le ponen límites a Milei y traban el plan del Gobierno en el Senado
El Gobierno volvió a encontrarse con un límite en el Senado. El oficialismo no logró reunir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen del Súper RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones que busca ampliar los beneficios para proyectos superiores a USD 1.000 millones.
La discusión quedó trabada por las condiciones vinculadas al compre nacional, después de que senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo no kirchnerista reclamaran cambios para evitar que el esquema termine privilegiando sistemáticamente a los productos importados.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General pasó nuevamente a cuarto intermedio. El oficialismo consiguió alrededor de 20 firmas, pero necesitaba 26 para avanzar con el despacho. La expectativa de La Libertad Avanza es destrabar las negociaciones durante la próxima semana y sostener la posibilidad de llevar el proyecto al recinto el jueves 10 de septiembre.
El punto que volvió a trabar al oficialismo
El principal foco de conflicto quedó puesto en el mecanismo para determinar cuándo un proveedor argentino puede ser considerado competitivo frente a una oferta extranjera.
El proyecto que llegó desde Diputados contempla que un 20% de la inversión sea destinado a la adquisición de bienes y servicios de proveedores locales. Sin embargo, los aliados pretenden incorporar mayores precisiones para que esa cláusula no quede neutralizada por una comparación de precios que favorezca automáticamente a los productos importados.
El radical bonaerense Maximiliano Abad, el senador de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y el jefe del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling Lara, plantearon que la oferta nacional pueda ser considerada competitiva cuando su precio no supere en más de un 15% al de una alternativa extranjera equivalente.
La comparación, además, debería contemplar los costos asociados a la importación y provisión del producto, de manera que la diferencia no se mida simplemente contra el precio de origen de la mercadería extranjera. El planteo busca incorporar un criterio de protección para la industria local dentro de un régimen diseñado, justamente, para facilitar la llegada de capitales de gran escala.
Bullrich endureció la posición oficial
Las negociaciones fueron encabezadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. El oficialismo aceptó algunos de los reclamos de sus aliados, pero no avanzó con todas las modificaciones reclamadas.
Entre los cambios que sí fueron incorporados aparece la obligación de que determinados proyectos con un consumo energético extremadamente elevado, como los data centers, cuenten con infraestructura propia para garantizar su abastecimiento y conexión al sistema eléctrico.
La iniciativa también mantiene el piso del 20% de participación de proveedores locales que había sido incorporado durante el tratamiento en Diputados. Sin embargo, los aliados fueron por más. Desde el PRO, sectores del radicalismo y Provincias Unidas reclamaron elevar ese porcentaje hasta el 40% y establecer mecanismos más estrictos para garantizar que las inversiones tengan un impacto sobre la cadena productiva argentina.
La tensión quedó expuesta al final del encuentro, cuando Bullrich lanzó una definición que sintetizó la posición libertaria frente a las nuevas exigencias: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”.
La frase refleja el margen de negociación que pretende conservar el oficialismo: avanzar con una versión ampliada del régimen, pero sin aceptar modificaciones que, a su criterio, puedan desvirtuar el objetivo central de atraer inversiones.
Qué propone el Súper RIGI
El proyecto apunta a inversiones de al menos USD 1.000 millones en actividades consideradas estratégicas o vinculadas con industrias de desarrollo futuro.
La propuesta establece un esquema de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios acompañado por una estabilidad de largo plazo. Entre los principales incentivos figura una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y un esquema de amortización acelerada de las inversiones.
También contempla créditos fiscales para afrontar IVA y contribuciones patronales, un tratamiento específico para los quebrantos y una reducción progresiva de la carga sobre los dividendos. En materia comercial, el régimen prevé la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la eliminación de determinadas restricciones y cupos.
Uno de los puntos centrales está relacionado con el acceso a las divisas generadas por las exportaciones. El proyecto establece un esquema progresivo que permitiría disponer del total de esas divisas a partir del tercer año de adhesión. El objetivo oficial es generar condiciones de previsibilidad suficientes para captar proyectos de gran escala, particularmente en sectores que requieren inversiones iniciales muy elevadas.
El compre local, en el centro de la pelea
La discusión sobre los proveedores nacionales terminó convirtiéndose en uno de los principales obstáculos políticos para el proyecto. El texto establece un porcentaje mínimo de contratación local, pero los senadores aliados buscan que la obligación tenga un efecto concreto sobre la producción argentina y no se limite a una exigencia formal.
La propuesta plantea que la eventual autoridad de aplicación consulte a entidades empresarias de los sectores involucrados antes de determinar que no existe oferta nacional suficiente. El objetivo es verificar si existen proveedores capaces de cumplir con las condiciones requeridas en materia de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos.
Además, se propone que una oferta nacional pueda ser considerada competitiva aun cuando resulte hasta un 15% más cara que una alternativa extranjera, siempre que las condiciones de comparación sean equivalentes.
El debate tiene una consecuencia política directa: el oficialismo necesita a sus aliados para transformar la media sanción de Diputados en ley, pero esos mismos bloques buscan dejar su propia marca en uno de los proyectos económicos centrales de la administración de Javier Milei.
Una negociación que todavía no está cerrada
La dificultad para conseguir las firmas volvió a mostrar la dependencia de La Libertad Avanza respecto de los bloques dialoguistas en la Cámara alta. A los cuestionamientos de Abad, Espínola y Goerling se sumó la posición de la senadora del PRO Victoria Huala, mientras que dentro del radicalismo tampoco hubo una postura completamente uniforme.
El plenario terminó con el oficialismo lejos de las 26 rúbricas necesarias para avanzar. El escenario obligó a postergar nuevamente el dictamen y dejó en duda el cronograma que el Gobierno pretendía sostener para llevar el proyecto al recinto.
La situación también expuso una dificultad adicional: incluso si el Senado logra aprobar el texto con modificaciones, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.
En ese contexto, las próximas conversaciones serán determinantes. El Gobierno deberá definir hasta dónde está dispuesto a ceder para asegurarse el respaldo de sus aliados y, al mismo tiempo, evitar que el régimen pierda las características que considera necesarias para atraer inversiones de gran escala.
El RIIR también quedó frenado
La jornada parlamentaria dejó otro revés para los proyectos destinados a promover inversiones. Antes del debate del Súper RIGI, el Senado analizó el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa impulsada por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, que apunta a proyectos desde los USD 12 millones.
El tratamiento tampoco logró avanzar hacia un dictamen. La reunión estuvo atravesada por cuestionamientos vinculados con el quorum y por pedidos de mayores precisiones sobre el esquema de compre local.
Incluso dentro de la propia UCR surgieron objeciones. El senador catamarqueño Flavio Fama reclamó precisiones sobre el tratamiento de los proveedores nacionales durante la discusión del proyecto.