El revelación que sacude a Córdoba: mientras docentes reclaman aumentos, Llaryora gasta millones en seguridad privada
El inicio del ciclo lectivo 2026 en Córdoba quedó atravesado por una doble tensión que expone la fragilidad del sistema educativo provincial. Por un lado, casi la mitad de los docentes asegura necesitar un segundo empleo para llegar a fin de mes. Por otro, surgieron cuestionamientos sobre los millones de pesos que el gobierno de Martín Llaryora destina a seguridad privada en escuelas, en medio de la negociación salarial con los gremios.
La controversia comenzó a escalar luego de que el medio Striptease del Poder difundiera datos sobre contratos millonarios de vigilancia en establecimientos educativos, una información que rápidamente se trasladó al ámbito político y legislativo.
En paralelo, el conflicto paritario con los docentes se profundizó, con paros convocados y un clima de creciente malestar en el sector. En ese escenario, la discusión dejó de limitarse a la negociación salarial y empezó a girar alrededor de una pregunta más amplia: cuáles son las prioridades presupuestarias del sistema educativo cordobés.
El dato que encendió el conflicto docente
La tensión se agravó tras conocerse un relevamiento de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) realizado sobre más de 1.100 trabajadores en los 26 departamentos provinciales.
El informe ofrece una radiografía preocupante: el 45% de los docentes realiza actividades remuneradas adicionales para complementar su salario; el 71% de las familias docentes afirma que los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir los gastos mensuales; y el 96% considera que su situación económica es igual o peor que hace un año.
Además, el estudio revela un nivel creciente de endeudamiento. El 78% de los docentes debió recurrir a préstamos, ahorros o ayuda económica para afrontar gastos corrientes, mientras que el 65% se vio obligado a refinanciar o interrumpir pagos en el último trimestre.
Estos datos fueron presentados por el gremio en el marco de las negociaciones paritarias con el gobierno provincial.
La conducción provincial de la UEPC, encabezada por Roberto Cristalli, rechazó la propuesta salarial presentada por la administración de Martín Llaryora, al considerar que no recompone la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. En ese contexto, el gremio convocó a paros docentes.
Durante el acto de apertura de clases, Llaryora buscó reconocer la situación económica general, aunque evitó referirse directamente a los cuestionamientos por el destino del gasto educativo. “No alcanza porque en la Argentina de hoy no le alcanza a nadie para llegar a fin de mes”, afirmó el mandatario provincial ante docentes en conflicto.
Los millones en seguridad que encendieron la polémica
En paralelo al conflicto salarial, un pedido de informes presentado en la Legislatura provincial sumó un nuevo elemento al debate.
El legislador de la UCR, Miguel Nicolás, solicitó al Ministerio de Educación detalles sobre los contratos de seguridad privada en establecimientos educativos.
Según la información difundida por el bloque radical —y publicada inicialmente por el medio Striptease del Poder— la empresa M3 S.R.L. habría recibido más de 4.000 millones de pesos durante 2025 por tareas de vigilancia en escuelas. El planteo generó fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en medio del conflicto docente.
“¿Por qué el Gobierno provincial destina miles de millones de pesos a empresas privadas mientras hay docentes que pierden su trabajo?”, planteó Nicolás al presentar el pedido de informes.
Las preguntas sobre el destino del gasto educativo
El pedido de informes exige al Ministerio de Educación de Córdoba que detalle cuántas empresas prestan servicios de vigilancia en escuelas, bajo qué modalidad contractual fueron contratadas, qué montos se pagaron desde 2023 a la fecha y en qué establecimientos educativos funciona el sistema
El legislador también cuestionó la lógica de tercerizar la seguridad escolar cuando la provincia cuenta con fuerzas policiales propias y sistemas de monitoreo público. Hasta el momento, el gobierno provincial no difundió respuestas oficiales a estos interrogantes.
El conflicto docente en Córdoba se desarrolla además en un contexto económico nacional complejo. La caída del poder adquisitivo, la persistencia de la inflación y el ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei impactan en las cuentas provinciales y condicionan las negociaciones salariales en distintos sectores del Estado.
En ese escenario, el sistema educativo cordobés aparece como un reflejo de una tensión más amplia: salarios que pierden frente al costo de vida, trabajadores que buscan ingresos adicionales y discusiones políticas cada vez más intensas sobre cómo se distribuyen los recursos públicos.