Una inmobiliaria, casi 3.000 hectáreas y un "lago privado": la denuncia que reaviva la disputa por la Ley de Tierras
El Observatorio de Tierras detectó que Loma Alta Propiedades promocionó un campo de 2.943 hectáreas en Chubut durante el período en que quedaron sin efecto las restricciones nacionales a la compra de tierras por extranjeros. La empresa reconoció un "error de marketing" y la denuncia se conoció en vísperas de una sesión clave en Diputados.
La disputa por la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo después de que el Observatorio de Tierras denunciara que una inmobiliaria de Chubut promocionó un campo de casi 3.000 hectáreas con un supuesto "lago privado" durante los diez días en que las decisiones de la Corte Suprema dejaron sin efecto las restricciones nacionales a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La operación comercial fue detectada en publicaciones de Loma Alta Propiedades, una firma que ofreció un establecimiento de 2.943 hectáreas en la zona de Río Pico, con acceso a un lago, una laguna y 16 kilómetros de costa sobre el río. El ofrecimiento coincidió con el período comprendido entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, cuando estuvo operativo el artículo 154 del DNU 70/2023 que derogó la Ley 26.737.
La denuncia se conoció mientras continúa abierta la discusión judicial sobre la vigencia de la normativa y a pocas horas de una sesión de la Cámara de Diputados en la que la oposición buscará rechazar el decreto firmado por el presidente Javier Milei.
El campo de 2.943 hectáreas que promocionaban con un "lago privado"
El relevamiento del Observatorio de Tierras identificó una serie de publicaciones difundidas por Loma Alta Propiedades en su sitio web y en redes sociales.
Entre los avisos figuraba un establecimiento ubicado en Alto Río Pico, Chubut, presentado como una propiedad con potencial turístico, forestal y productivo.
La descripción comercial incluía un lago de aproximadamente 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, una laguna, arroyos permanentes, una cascada natural y extensas costas sobre el Río Pico.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la inmobiliaria presentaba el lago como parte de una propiedad privada, una expresión que generó objeciones por el régimen jurídico aplicable a los recursos hídricos.
Las publicaciones también estaban orientadas a potenciales compradores internacionales. Algunas aparecían en castellano e inglés y destacaban las oportunidades de inversión en tierras patagónicas.
El Observatorio detectó que el perfil de Instagram de la firma comenzó a publicar contenido el 26 de septiembre, tres días antes del primer pronunciamiento de la Corte.
Posteriormente, la inmobiliaria difundió información sobre las condiciones legales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros y advirtió que los límites previstos por la Ley 26.737 habían quedado sin efecto, aunque la situación podía modificarse.
La coincidencia entre la actividad promocional y los cambios judiciales fue uno de los elementos que motivaron la denuncia.
Qué respondió la inmobiliaria y cuáles son las dudas sobre la operación
El Observatorio de Tierras señaló que no pudo determinar si alguna de las operaciones ofrecidas durante ese período llegó a concretarse.
Matías Oberlín, integrante del organismo, describió el episodio como "la punta del iceberg" y planteó interrogantes sobre la información que manejaban las inmobiliarias rurales antes de las decisiones judiciales.
El relevamiento también cuestionó la falta de información pública sobre la estructura societaria de Loma Alta Propiedades y sus vínculos con otras firmas inmobiliarias de la región.
Sin embargo, no existe una confirmación de que el campo haya sido vendido ni de que se haya concretado una transferencia a un comprador extranjero.
Desde la inmobiliaria sostuvieron que el establecimiento estaba publicado en su página web desde hacía cuatro o cinco meses, antes de los fallos de la Corte.
Sus responsables también reconocieron que había sido un "error de marketing" promocionar la propiedad como si contara con un lago propio.
Además, aseguraron haber recibido amenazas después de que trascendiera la denuncia y señalaron que realizaron una presentación por esa situación.
Estas explicaciones introducen una distinción importante entre la existencia previa de la oferta inmobiliaria y la difusión de nuevas publicaciones durante el período de cambios judiciales.
Los dos fallos de la Corte que abrieron una ventana de diez días
La controversia se originó en dos decisiones sucesivas de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 154 del DNU 70/2023.
El 29 de septiembre, el máximo tribunal revocó una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. La resolución se basó en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para promover aquella acción judicial.
En consecuencia, volvió a quedar operativo el artículo del decreto que eliminaba las restricciones específicas establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sin embargo, el 9 de octubre la Corte intervino en otro expediente, impulsado por la organización ambiental Árbol de Pie, la dirigente rionegrina María Magdalena Odarda y organizaciones mapuches.
En esa oportunidad, el tribunal suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 y restableció de manera interina las restricciones de la Ley de Tierras.
La decisión no resolvió definitivamente la constitucionalidad de la derogación.
El expediente deberá continuar ante el juez federal de Bariloche Leandro Agustín Gómez Constenla, que tendrá que pronunciarse sobre las cuestiones procesales y cautelares pendientes.
De esta manera, la vigencia de las restricciones recuperó respaldo judicial, aunque permanece pendiente una resolución de fondo.
Diputados debatirá el DNU 70/2023 en medio de la controversia
La denuncia sobre la oferta inmobiliaria también se incorporó a la discusión política que atraviesa al Congreso.
Para este jueves 15 de octubre está convocada una sesión especial en la Cámara de Diputados, impulsada por sectores opositores que buscan avanzar con el rechazo del DNU 70/2023.
El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024. Si Diputados adoptara una decisión en el mismo sentido, se completaría el procedimiento parlamentario para dejarlo sin vigencia.
La principal dificultad para la oposición es reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el tratamiento.
Como informó grupolaprovincia.com, el fallo provisorio de la Corte reordenó las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores antes de las sesiones convocadas para el 15 y el 21 de octubre.
La Libertad Avanza trabaja para evitar que se reúna el quórum y promueve una propuesta alternativa vinculada con las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene conversaciones con sectores dialoguistas mientras el oficialismo impulsa el tratamiento de una iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada, en la que podrían incorporarse disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras.
La oposición, por su parte, sostiene que la suspensión judicial del artículo 154 no reemplaza una definición legislativa sobre el DNU.
La sesión del 15 de octubre y las próximas decisiones de la Justicia serán determinantes para establecer cómo continúa la disputa por la regulación de las tierras rurales.
Mientras tanto, el caso de Loma Alta Propiedades incorporó un nuevo elemento al debate: la posibilidad de que se hayan realizado gestiones comerciales durante los diez días en que quedaron suspendidas las restricciones nacionales, sin que hasta el momento se haya acreditado una transferencia de dominio vinculada con la oferta denunciada.