El radicalismo presiona a Kicillof para activar un consejo que la política bonaerense nunca terminó de usar
La discusión por la seguridad en la provincia de Buenos Aires volvió a escalar en la Legislatura y expone, otra vez, la disputa política sobre cómo abordar uno de los temas más sensibles para los bonaerenses. En ese contexto, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto para exigir que el gobernador Axel Kicillof convoque de manera urgente al Consejo Provincial de Seguridad Pública, un órgano previsto por ley desde 1998 pero que, según los propios legisladores, nunca funcionó plenamente.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Valentín Miranda y acompañada por la presidenta del bloque radical, Alejandra Lórden, y la legisladora Priscila Minnaard. El planteo busca reactivar un ámbito institucional que, de acuerdo con la normativa vigente, debería reunir a representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del sistema de seguridad para debatir estrategias integrales frente al delito.
“La herramienta está, hace falta la decisión política del Gobernador a la cual apelamos con el presente proyecto”, señalaron desde la bancada radical al presentar la iniciativa.
Un organismo previsto por ley que nunca terminó de activarse
El Consejo Provincial de Seguridad Pública está contemplado en el artículo 8 de la Ley 12.154. Su función central es articular la política criminal y diseñar estrategias de prevención del delito con la participación de distintas áreas del Estado.
Según la legislación, el organismo debería estar integrado por el ministro de Seguridad —quien lo presidiría—, el ministro de Gobierno, el secretario general de la Gobernación, un representante del Ministerio de Justicia, el superintendente de Coordinación General del Ministerio de Seguridad, el jefe del Servicio Penitenciario y ocho legisladores bonaerenses, distribuidos entre diputados y senadores de oficialismo y oposición.
Sin embargo, de acuerdo con los argumentos expuestos en el proyecto, desde su sanción a fines de los años noventa ningún gobierno provincial logró poner en funcionamiento el consejo de forma sostenida.
“Hasta la fecha ningún gobierno impulsó la plena vigencia del Consejo Provincial de Seguridad Pública. Si bien hubo tentativas esporádicas de hacerlo, fueron dejadas de lado al poco tiempo de andar, según los movimientos pendulares del funcionario de turno”, advirtió Miranda en los fundamentos de la iniciativa.
El planteo también se inscribe en una estrategia más amplia del radicalismo bonaerense, que en las últimas semanas intensificó recorridas por distritos gobernados por el partido y reuniones con intendentes del interior para poner en agenda reclamos vinculados a seguridad y financiamiento municipal.
En ese marco, dirigentes del bloque remarcaron que los gobiernos locales terminan siendo el “primer mostrador del Estado” frente a los vecinos y que muchas veces deben destinar recursos propios para enfrentar problemas que exceden sus competencias formales. Según sostienen, ese escenario refuerza la necesidad de ámbitos institucionales de coordinación provincial que permitan diseñar políticas públicas con participación de los municipios y de la ciudadanía.
“La reunión, con protagonismo de los tres poderes del Estado, podría desembocar en la elaboración de un plan de seguridad donde necesariamente se enmarque una política criminal que trabaje en la prevención de los delitos y, esencialmente, sobre las causas que le dan origen”, plantearon los legisladores.
Seguridad, estadísticas y disputa política
El pedido del radicalismo se inscribe en un escenario político atravesado por el debate que reabrió el propio Kicillof durante la apertura del 154° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador defendió la política de seguridad aplicada durante su gestión y sostuvo que la provincia registra una tasa de homicidios inferior a la de los últimos 25 años. Según afirmó, ese indicador refleja el impacto de medidas vinculadas al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la policía, la incorporación de tecnología y el trabajo coordinado con el Poder Judicial.
“En la Provincia de Buenos Aires, quien comete un delito grave o un homicidio es aprehendido y puesto a disposición de la justicia, tenga la edad que tenga”, afirmó el mandatario.
Kicillof también anticipó el envío de dos proyectos para reformar el esquema normativo vigente: una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública y una nueva ley para regular la formación y el reclutamiento del personal policial con “parámetros propios del siglo XXI”.
Los legisladores radicales reconocieron la importancia de abrir ese debate legislativo, pero reclamaron que se avance en paralelo con la puesta en marcha de los instrumentos que ya están contemplados en la normativa vigente.
“Nos parece correcto propiciar su debate, aunque siempre es mejor cumplir con la norma antes de hacerlo, o en forma paralela, pues de lo contrario se terminan por agotar las expectativas ciudadanas con meros anuncios sin concreción”, remarcaron.
Un problema que concentra el foco nacional
El debate sobre la seguridad en territorio bonaerense también se alimenta de las estadísticas criminales más recientes. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), durante 2025 se registraron 751 homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 89 ocurrieron en ocasión de robo.
Por su peso demográfico —cerca del 40% de la población del país— la provincia concentra también una parte significativa de los delitos registrados a nivel nacional.
En ese marco, desde la oposición también cuestionan la forma en que se interpretan las estadísticas oficiales. El senador bonaerense del PRO, Juan Manuel Rico Zini, advirtió que analizar los números a escala provincial puede “licuar” realidades muy diferentes dentro del territorio.
“Más del 70%, casi el 75% de los homicidios en la provincia se producen en el conurbano”, señaló en una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, y agregó que en algunos distritos del sur y el oeste las tasas llegan a triplicar las del interior. Según planteó, esa diferencia territorial también impacta en la forma en que los municipios destinan recursos propios para reforzar la seguridad, incluso en áreas que formalmente no son de su competencia.
En el caso de los delitos contra la propiedad, las cifras oficiales muestran un aumento en los últimos años. Durante 2024 se denunciaron 128.477 robos en territorio bonaerense, lo que representó un incremento cercano al 18% respecto del año anterior y una tasa aproximada de 706 robos cada 100.000 habitantes.
Estos delitos, que incluyen robos agravados, arrebatos y entraderas, se ubican entre los principales factores que explican la percepción de inseguridad en amplias zonas de la provincia, un escenario que vuelve a instalar la discusión sobre cómo coordinar políticas públicas entre el Estado provincial, los municipios y los distintos poderes del sistema institucional.