La Provincia impulsa una revisión integral de tarifas mientras la oposición exige control legislativo
El gobierno bonaerense avanzó con un paso clave en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio público de distribución de energía eléctrica, un proceso que apunta a determinar costos, inversiones y tarifas homogéneas para las empresas Edelap, EDEN, EDES y EDEA, además de las cooperativas eléctricas.
La resolución 136/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, firmada por Gabriel Katopodis y publicada en el Boletín Oficial, oficializa la Etapa 2 del proceso, considerada decisiva por su alcance económico y regulatorio.
Evaluación técnica y económica: Etapa 2 de la RTI
El esquema de revisión comenzó en 2024 con la resolución 1133/2024 y se desarrollará en sucesivas etapas con asistencia técnica del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE) de la UBA.
Esta segunda fase contempla la valorización de la base de capital, el cálculo del Valor Neto de Reposición (VNR), el flujo de fondos descontado y el requerimiento de ingresos de cada distribuidora. Además, incluye la definición de planes de inversión obligatorios y el mecanismo de traslado a tarifas, conocido como Pass Through.
La documentación oficial indica que la Etapa 2 tendrá un plazo de 15 meses y concluirá con un informe final elaborado por CEARE, que propondrá un nuevo cuadro tarifario que luego será presentado en audiencia pública. Las empresas deberán presentar información detallada sobre su situación económica y sus planes de obras a cinco años, que serán evaluados dentro del marco técnico y regulatorio.
Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que la RTI busca garantizar la calidad del servicio eléctrico, actualizar la infraestructura según la demanda y establecer tarifas accesibles y homogéneas en toda la provincia. El pago a la consultoría será gestionado por la Subsecretaría de Energía una vez validados los hitos de esta etapa.
El proyecto de la oposición: una Bicameral para supervisar concesionarias
En paralelo, la oposición bonaerense presentó un proyecto para crear una Comisión Bicameral de control de empresas de servicios públicos, con el objetivo de auditar el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales y regulatorias de concesionarias provinciales.
La iniciativa fue impulsada desde el bloque Hechos – UCR Identidad que integran Marcelo Leguizamón, Natalia Quintana y María Emilia Subiza en el Senado, y prevé la integración de 12 legisladores, respetando la representación política de ambas cámaras.
“La realidad que atraviesan vastas regiones del territorio provincial demuestra una crisis estructural en la prestación de los servicios públicos, caracterizada por cortes recurrentes, deficiencias técnicas persistentes, infraestructura obsoleta y una alarmante falta de inversión”, afirmó Leguizamón, poniendo el foco en las empresas concesionarias de energía, agua potable, gas y transporte público.
La Bicameral tendría la facultad de requerir informes contables, técnicos y contractuales, convocar a funcionarios y directivos a audiencias y elaborar recomendaciones legislativas o administrativas.
Entre los casos que motivaron la iniciativa, el legislador señaló los reiterados cortes de luz de Edelap en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que según él, “no son generados por fenómenos climáticos sino por la falta de mantenimiento preventivo y demoras sistemáticas en la ejecución de obras comprometidas”.
Asimismo, cuestionó a ABSA por baja presión de agua, pérdidas en la red y desbordes cloacales que impactan directamente en la salud pública.
El senador aclaró que la Bicameral no busca obstaculizar la actividad de las empresas ni interferir en competencias del Ejecutivo o de los entes reguladores, sino “complementar y reforzar el sistema de control, introduciendo un ámbito político-institucional donde las concesiones sean evaluadas con criterios de interés público, transparencia y responsabilidad social”.
Tensiones entre política y regulación
Mientras la Provincia avanza con la RTI para definir tarifas y asegurar inversiones, la oposición busca establecer un control más estricto sobre las concesionarias, en un contexto donde los usuarios perciben deficiencias en los servicios públicos esenciales.
El debate sobre calidad, costos y supervisión refleja un escenario en el que la gestión pública y la presión política se entrelazan, marcando un camino incierto para la provisión de servicios en el territorio bonaerense.
En tal sentido, Leguizamón remarcó: “Los servicios públicos no pueden ser gestionados únicamente bajo una lógica económica o financiera. Cuando las tarifas aumentan pero las inversiones no llegan, cuando los cortes se repiten y las explicaciones nunca aparecen, lo que está en juego es la credibilidad del Estado y la protección efectiva de los derechos de los usuarios”.
“Esto constituye una respuesta concreta frente a una demanda social evidente: más control, más transparencia y menos tolerancia frente al incumplimiento sistemático de quienes tienen a su cargo servicios esenciales para millones de bonaerenses”, concluyó.