Política Por: Mariana Portilla04 de septiembre de 2026

Paritaria estatal bajo presión: ATE apura a Kicillof y exige una nueva recomposición en septiembre

El gremio presentó un reclamo formal para activar la revisión acordada con la Provincia. Endeudamiento, pluriempleo, tarifas y pérdida de poder adquisitivo atraviesan una negociación condicionada por la caída de los recursos bonaerenses.
 
El sindicato busca evitar que la convocatoria se demore y reclama una nueva recomposición para afrontar los últimos meses del año.

ATE Buenos Aires presentó este viernes un pedido formal ante el Ministerio de Trabajo para que el gobierno de Axel Kicillof reabra de manera urgente la negociación salarial durante septiembre. La revisión ya había quedado establecida en el último acuerdo, que dispuso un incremento del 5% en julio y otro 2% en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.

Con el segundo tramo ya incorporado a los salarios, el sindicato busca evitar que la convocatoria se demore y reclama una nueva recomposición para afrontar los últimos meses del año. La negociación estará atravesada por dos elementos: el deterioro de los ingresos estatales y las dificultades financieras que la Provincia atribuye al recorte de recursos nacionales.

“La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”, sostuvo ATE en la presentación enviada a la cartera laboral que conduce Walter Correa.

El último entendimiento incorporó además el pase a planta permanente del personal temporario ingresado durante 2024 y 2025, modificaciones en los mecanismos de selección para cargos jerárquicos y la apertura de mesas técnicas sobre carrera administrativa y convenios colectivos.

ATE había informado inicialmente que el proceso de regularización alcanzaría a más de 8.000 trabajadores, dentro de un universo de aproximadamente 14.000 agentes temporarios cuya estabilidad forma parte de los reclamos del sindicato.

La clave para la discusión actual fue la incorporación expresa de una reapertura en septiembre, destinada a seguir la evolución de los precios y los ingresos.

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En su presentación, el gremio vinculó la situación salarial con la política fiscal del gobierno de Javier Milei y con la reducción de transferencias y fondos destinados a Buenos Aires. Según ATE, el superávit exhibido por la administración nacional se construye parcialmente a partir de recursos que dejaron de llegar a las provincias, lo que reduce el margen presupuestario para mejorar los ingresos del personal estatal.

El sindicato describió ese proceso como un “recorte fenomenal de las transferencias” y advirtió que repercute directamente sobre las cuentas bonaerenses y las condiciones de vida de sus trabajadores.

El secretario general del gremio, Claudio Arévalo, había reconocido las dificultades financieras de la Provincia durante la negociación de julio. Al mismo tiempo, señaló que la pauta resultaba insuficiente para recuperar el terreno perdido y pidió priorizar a los sectores con menores remuneraciones, particularmente a los auxiliares de la educación.

El reclamo sindical no se apoya únicamente en la evolución del índice general de precios. ATE puso el foco en gastos que ocupan una proporción creciente del presupuesto familiar: electricidad, gas, agua, transporte y alquileres.

Los aumentos en esos rubros tienen un efecto diferente al de otros consumos. Las familias pueden recortar salidas, ropa o determinados alimentos, pero tienen menos margen para prescindir de los servicios esenciales o de la vivienda.

Por eso, el sindicato sostiene que la negociación no debería limitarse a comparar el aumento salarial con la inflación promedio. También reclama observar cuánto representan los gastos fijos dentro de los ingresos de un trabajador estatal.

Del crédito para comprar a la deuda para vivir

ATE también incorporó al pedido de reapertura una advertencia sobre el endeudamiento de las familias. “Esta situación está generando un gravísimo nivel de endeudamiento en nuestras familias, que ya no recurren al crédito para capitalizarse o proyectar mejoras, sino para poder afrontar los gastos básicos: pagar los servicios públicos, el alquiler o, simplemente, garantizar un plato de comida en la mesa”, expresó la organización.

El diagnóstico coincide con el relevamiento que GRUPOLAPROVINCIA.COM publicó al analizar por qué las deudas, el pluriempleo y los salarios insuficientes empujaron a los estatales bonaerenses a la protesta.

Una encuesta nacional de ATE mostró que el 87% de los agentes consultados tenía deudas vigentes y que el 73% mantenía compromisos con más de una entidad. El 40% había pedido financiamiento para afrontar salud, educación, alquiler o expensas, mientras otro 37% recurrió al crédito para comprar alimentos, ropa o cancelar obligaciones anteriores.

La situación tampoco se resuelve necesariamente con un segundo ingreso. El 55,4% de los encuestados tenía más de un empleo, una señal de que el pluriempleo dejó de funcionar únicamente como una vía para mejorar el nivel de vida y pasó a convertirse en una estrategia para cubrir gastos corrientes.

Arévalo sintetizó ese escenario con una definición directa: “Se endeudan para comer o pagar servicios, no para comprar un auto o viajar”.

Una encuesta nacional de ATE mostró que el 87% de los agentes consultados tenía deudas vigentes y que el 73% mantenía compromisos con más de una entidad.

La mora creció y la Provincia lanzó una refinanciación

El aumento del endeudamiento vino acompañado por mayores dificultades para cumplir con los pagos. La mora en los créditos familiares llegó al 12,8% durante mayo, después de haber estado en 2,5% en octubre de 2024, según datos difundidos por el Gobierno bonaerense. En las entidades financieras no bancarias, donde operan muchas aplicaciones y prestamistas digitales, la irregularidad alcanzó el 33%.

En ese contexto, la Provincia incorporó el problema financiero de los trabajadores a las conversaciones paritarias. El Banco Provincia presentó un programa para refinanciar deudas de empleados públicos con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos.

El esquema permite extender los pagos hasta 72 meses. Para quienes registran atrasos menores a 90 días se dispuso una tasa anual del 39%; en los casos de mora avanzada o sobreendeudamiento, la tasa puede reducirse al 31%.

La administración bonaerense también aumentó un 30% las asignaciones familiares y confirmó en tiempo y forma el pago del medio aguinaldo. Los sindicatos valoraron esas medidas, pero aclararon que no sustituyen una recomposición sobre los salarios básicos, porque solo esa mejora impacta de manera permanente en la estructura de ingresos, los adicionales y las jubilaciones.

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