Estalla el juego de las sillas en la Corte bonaerense
La pelea por completar la Suprema Corte bonaerense dejó de ser un trámite institucional para transformarse en uno de los tableros políticos más sensibles de la provincia. Con cuatro vacantes abiertas y un tribunal funcionando al límite, la discusión por los nombres expone algo más profundo: quién acumula poder real de cara a 2027.
En ese escenario, La Libertad Avanza (LLA) decidió dar un paso más y meterse de lleno en una negociación que hasta hace poco orbitaba entre el peronismo y sectores de la oposición tradicional. El objetivo es claro: disputar una de las sillas del máximo tribunal y consolidar volumen político en un terreno que excede lo electoral.
En el armado bonaerense que conduce el diputado nacional Sebastián Pareja, la consigna empezó a bajar con nitidez: el crecimiento legislativo y territorial que logró el espacio en la provincia alimenta la idea de que pueden sentarse a negociar en pie de igualdad.
Ese cambio de estatus se traduce en una decisión concreta: pelear por un lugar en la Corte. No como gesto simbólico, sino como parte de una estrategia más amplia de acumulación institucional. Desde el entorno libertario aseguran que la discusión no puede quedar restringida a un acuerdo entre el oficialismo y sectores dialoguistas.
El factor Kicillof y el rol de la Legislatura
La definición formal está en manos del gobernador Axel Kicillof, quien debe enviar los pliegos al Senado bonaerense. Allí, la negociación se vuelve inevitable: los acuerdos requieren mayoría absoluta y, por lo tanto, articulación política.
El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, puso plazos a esa discusión y buscó transmitir urgencia. “Estamos trabajando fuertemente para que antes de fin de año podamos tener completa la Corte”, aseguró en declaraciones radiales.
Sin embargo, más allá de la voluntad expresada por el Ejecutivo, el proceso viene demorado por tensiones internas y falta de consensos amplios. La irrupción de LLA agrega un nuevo actor que complejiza aún más la ecuación.
El trasfondo de la disputa es crítico. La Suprema Corte funciona actualmente con solo tres de sus siete integrantes: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Las vacantes se acumularon tras jubilaciones, renuncias y un fallecimiento, dejando al tribunal en una situación excepcional.
Esa fragilidad institucional motivó un fuerte llamado de atención desde el propio Poder Judicial. Soria fue categórico al advertir que la demora en cubrir los cargos afecta la seguridad jurídica y limita la capacidad del tribunal para fijar doctrina legal.
“Hoy no existe doctrina legal firme”, planteó el magistrado, al tiempo que recordó que la Constitución bonaerense establece plazos concretos —15 días— para enviar los pliegos tras cada vacante.
El juego de las sillas: poder, equilibrio y negociación
Con cuatro lugares en juego, la discusión se asemeja a un verdadero “juego de las sillas” donde cada espacio busca garantizar representación. Dentro del peronismo, se da por hecho que al menos dos cargos deberían quedar bajo su órbita. La oposición tradicional también pretende incidencia.
En ese tablero, la irrupción de LLA rompe la lógica previa. Ya no se trata solo de repartir lugares, sino de redefinir el equilibrio de poder en la provincia.
Los libertarios entienden que acceder a una silla en la Corte implicaría mucho más que un triunfo político: sería un paso clave para consolidarse como fuerza con capacidad de incidir en decisiones estructurales del Estado.
La discusión por la Corte se cruza inevitablemente con el calendario político. Con la mirada puesta en 2027, cada movimiento se lee en clave de acumulación de poder.
LLA, envalentonada por el escenario nacional y las fracturas en el peronismo y el PRO, busca capitalizar el momento. Pero también enfrenta un desafío interno: evitar errores que debiliten su construcción, como el impacto político de polémicas recientes dentro del espacio.
Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener el control del proceso sin ceder posiciones estratégicas, en un contexto donde la necesidad institucional de completar la Corte convive con una negociación política cada vez más compleja.