“La verdad llega tarde, pero llega”: la Coalición Cívica vuelve a escena en un juicio que incomoda a la política
El avance del juicio oral por el caso Sueños Compartidos volvió a poner en primer plano a dirigentes que, años atrás, impulsaron denuncias en soledad. En las últimas horas, la diputada bonaerense Romina Braga respaldó públicamente a referentes de la Coalición Cívica que declararon como testigos y reivindicó el costo político que implicó sostener esas acusaciones en su momento.
La legisladora acompañó a Maricel Etchecoin, Fernando Sánchez y Elisa “Tata” Quiróz, quienes se presentaron ante el Tribunal Oral Federal N°5 en el marco de una causa que investiga el presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales entre 2005 y 2011.
“En la Argentina muchas veces la verdad llega tarde, pero llega porque hubo personas que en su momento decidieron no callarse”, sostuvo Braga, en una definición que apuntó tanto al plano judicial como al político. En esa línea, remarcó que las denuncias iniciales se realizaron “cuando incomodaba” y “cuando implicaba costos”, en alusión al contexto en el que se originó el caso.
Etchecoin, por su parte, ratificó tras su declaración que su espacio político mantiene una línea de continuidad respecto de aquellas presentaciones judiciales. “Con la seriedad que exige el cumplimiento de la función pública, reafirmamos la importancia de contribuir al esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de la verdad y la justicia”, afirmó la presidenta de la Coalición Cívica bonaerense.
Un expediente que combina obra pública, derechos humanos y acusaciones cruzadas
El juicio, iniciado el pasado 5 de marzo, busca determinar si existió una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado a través del programa Sueños Compartidos, que canalizaba fondos públicos mediante la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.
Según la acusación del fiscal Diego Velasco, la Secretaría de Obras Públicas transfirió más de 748 millones de pesos para financiar proyectos habitacionales, de los cuales más de 206 millones habrían sido desviados de su destino original. La hipótesis sostiene que hubo adjudicaciones directas sin licitación, controles deficientes y múltiples irregularidades en la ejecución.
En el banquillo de los acusados se encuentran, entre otros, el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, considerados piezas clave en la operatoria.
A este escenario se suman las derivaciones políticas del caso. En su declaración como testigo, el expresidente Mauricio Macri aseguró que durante su gestión como jefe de Gobierno porteño recibió presiones para liberar pagos vinculados al programa. “Recuerdo vagamente un llamado de Alberto Fernández intimando a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, sostuvo.
El exmandatario agregó que su entonces ministro de Desarrollo Social, Esteban Bullrich, le advirtió sobre irregularidades en los pagos: “No podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”.
La disputa por el sentido del caso y el rol de las instituciones
Las declaraciones de los referentes de la Coalición Cívica no sólo apuntan al avance judicial sino también al trasfondo político y simbólico del caso. En una entrevista reciente, Etchecoin planteó que durante el kirchnerismo se produjo “un uso simbólico de derechos” que terminó “desvirtuando” el rol de ciertas instituciones.
“Es lamentable que una institución termine construyendo viviendas cuando no es su función primaria. Después que estén teñidos de corrupción”, afirmó, en referencia a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La exlegisladora también puso el foco en el esquema de ejecución del programa, al señalar que, según la investigación, provincias y municipios quedaron relegados mientras se direccionaban recursos. “Lo que se puede ver es cómo se terminaba desplazando a quienes debían garantizar el acceso a la vivienda”, sostuvo.
Sobre el volumen de dinero involucrado, remarcó que el presunto desvío supera los 200 millones de pesos de aquella época, lo que, actualizado en términos reales, representa cifras de enorme magnitud. “Estamos hablando de programas con muchísimos recursos públicos, con irregularidades como obras sin licitación y ejecuciones incompletas”, explicó.
En ese marco, Etchecoin consideró que existen elementos para avanzar hacia una eventual condena, aunque aclaró que el proceso debe respetar todas las garantías. “Uno entiende que tiene que haber condena de esto”, afirmó.