Complejo Chapadmalal: entre la promesa de reactivación y la incertidumbre laboral
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la concesión por 30 años de la Unidad Turística Chapadmalal volvió a poner en primer plano una discusión que mezcla historia, desarrollo y tensión social.
Mientras desde el oficialismo libertario se impulsa la llegada de capitales privados para “elevar la calidad” del complejo, en Mar del Plata el debate se bifurca: por un lado, el respaldo político del intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro; por el otro, la incertidumbre de los trabajadores que advierten sobre despidos masivos y un futuro incierto.
El anuncio, formalizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se inscribe en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reducir la presencia estatal en sectores considerados “ineficientes”. Según planteó el funcionario, el objetivo es “traer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”, al tiempo que se reducirían los costos de mantenimiento para el Estado.
Montenegro reabre la herida de El Marquesado y apuesta a la inversión
En ese contexto, Montenegro vinculó el presente con un episodio que marcó la agenda local: la fallida toma de tierras en El Marquesado en 2023. A tres años de aquel conflicto, el dirigente retomó el tema para reforzar su mirada sobre el rol del Estado y la necesidad de un cambio de modelo.
“Fue un antes y un después, no solo por la ocupación ilegal de 140 hectáreas frente al mar, sino por algo más grave: el uso del Estado para avalarla”, sostuvo, en un mensaje donde apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández y el dirigente social Juan Grabois.
El actual senador provincial no solo cuestionó la gestión anterior, sino que también puso el foco en el uso de los hoteles de Chapadmalal durante ese episodio. “En ese entonces, firmó papeles para tratar de cubrirla, además de alojar en los hoteles de Chapadmalal a los usurpadores”, afirmó.
Desde esa lectura, Montenegro celebró el cambio de rumbo impulsado por la administración nacional. “Los hoteles abandonados donde alojaron a los usurpadores ahora van a ser un lugar clave de inversión para nuestra ciudad y toda la región”, aseguró, en línea con una visión que prioriza el desarrollo turístico a partir de capital privado.
El dirigente también remarcó que la privatización forma parte de una transformación más amplia: “Tres años después, hay una mirada distinta. Y eso también es resultado de una sociedad que se hizo escuchar”.
El otro lado del plan: 60 familias en alerta y denuncias de “limbo”
Pero mientras el discurso político pone el acento en la inversión, dentro del complejo el clima es otro. Trabajadores nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), delegación General Pueyrredón, advierten que la concesión podría implicar el despido de todo el personal actual.
Según indicaron, alrededor de 60 familias dependen directamente de la unidad turística, lo que convierte la medida en un problema social de impacto inmediato. “Hemos entrado en un futuro incierto desde marzo del año pasado. Hemos sido absorbidos por la Jefatura de Gabinete y el proceso de privatización todavía está en una especie de limbo”, señalaron.
La preocupación no es solo por lo que podría venir, sino también por el presente. Los trabajadores denuncian que el turismo social —uno de los ejes históricos del complejo— se encuentra prácticamente paralizado. “Lo que es el turismo social estuvo trabado, no tuvimos abierto y eso genera una gran angustia entre nuestros compañeros”, explicaron.
Desde el gremio fueron más allá y calificaron el anuncio oficial como una “venta de humo”, al sostener que no hubo precisiones sobre la continuidad laboral ni sobre las condiciones concretas de la concesión.
Un patrimonio histórico en el centro de la disputa
La Unidad Turística Chapadmalal no es un predio más. Declarada Monumento Histórico Nacional en 2013, fue concebida en 1945 como una ciudad balnearia destinada a garantizar el acceso al turismo a sectores populares. Con nueve hoteles, bungalows y capacidad para alojar entre 4.000 y 5.000 personas por quincena, se convirtió en un símbolo del turismo social en Argentina.
El complejo incluye además infraestructura sanitaria, espacios culturales y comerciales, construidos bajo un estilo arquitectónico característico con piedra Mar del Plata. Durante décadas, funcionó como un polo de desarrollo regional y generación de empleo.
En el esquema que se analiza, algunos sectores quedarían fuera de la concesión: la Residencia Presidencial seguiría bajo control estatal y el patrimonio del Museo Eva Perón sería trasladado a la Quinta de San Vicente.
Sin embargo, para los trabajadores, el eje no está en la preservación edilicia sino en la falta de certezas. “Nos enfrentamos a momentos muy inciertos, pero siempre tratando de sostener a nuestros compañeros. No hay respuestas y no tenemos un panorama claro a futuro”.