Ley de Glaciares: denunciaron penalmente a la senadora Royon por presuntos vínculos con el sector minero
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal contra la senadora nacional por Salta, Flavia Royon, por presuntos delitos contra la administración pública en el marco de su actuación vinculada a la reforma de la Ley de Glaciares.
El escrito, firmado por el abogado ambientalista Enrique Viale, fue elevado ante el Ministerio Público Fiscal y solicita la apertura de una investigación federal. La acusación incluye figuras como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho.
Según aclararon los denunciantes, el planteo no apunta a las opiniones legislativas de la senadora —protegidas por la Constitución Nacional— sino a su presunta intervención en decisiones públicas con impacto sobre intereses privados con los que habría mantenido vínculos.
El núcleo de la denuncia se centra en un supuesto conflicto de intereses entre el rol legislativo de Royon y su relación con empresas del sector minero. De acuerdo con la presentación, la senadora habría tenido participación o vínculos profesionales con firmas como Zelandez —dedicada a servicios tecnológicos para proyectos de litio— y la consultora Minenco. Ambas compañías asesoran a empresas en zonas alcanzadas por la normativa ambiental.
Los denunciantes sostienen que Royon impulsó y votó a favor de la reforma de la Ley de Glaciares sin excusarse, pese a que los cambios podrían beneficiar directa o indirectamente a ese entramado empresarial.
“Los funcionarios públicos deben representar al pueblo, no a corporaciones mineras”, señalaron desde la organización. Y agregaron: “No se puede legislar con un pie en el Senado y otro en empresas proveedoras del sector”.
La reforma de glaciares bajo cuestionamiento
Uno de los puntos más sensibles del proyecto aprobado es la modificación de los criterios de protección del ambiente periglacial. La reforma habilita que determinadas geoformas puedan ser excluidas del régimen de protección si estudios técnico-científicos determinan que no cumplen funciones hídricas relevantes.
Según la denuncia, ese tipo de evaluaciones coincide con los servicios que prestan empresas como Zelandez, lo que —a criterio de los denunciantes— configuraría un interés económico directo en el nuevo marco normativo.
El escrito, a su vez, menciona que la flexibilización de la ley podría favorecer emprendimientos de litio y cobre en provincias como Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan.
Varios de estos proyectos, impulsados por grandes compañías internacionales, se encuentran actualmente limitados por la legislación vigente. La reforma abriría la puerta a nuevas etapas de explotación en zonas antes restringidas.
Trayectoria y vínculos en la mira
La denuncia también reconstruye el recorrido reciente de Royón en la función pública, destacando su paso por cargos clave en el área energética y minera.
Fue secretaria de Minería y Energía de Salta, luego secretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, más tarde secretaria de Minería bajo la presidencia de Javier Milei y posteriormente secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. Desde diciembre de 2025 se desempeña como senadora nacional.
Los denunciantes sostienen que, en paralelo a esa trayectoria, habría mantenido vínculos societarios o profesionales con el sector privado, lo que podría entrar en tensión con la Ley de Ética Pública.
Declaraciones juradas y pedidos de prueba
Otro de los puntos planteados en la denuncia es una presunta irregularidad en la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, obligación para los senadores nacionales.
Según el escrito, no surgiría de los registros públicos el cumplimiento de todas las instancias formales exigidas por la normativa vigente.
En ese marco, la presentación solicita una batería de medidas de prueba: pedidos de informes a organismos públicos, requerimientos a la AFIP, consultas a registros societarios y posibles allanamientos en sedes de las empresas mencionadas.
La denuncia se inscribe en un debate político y ambiental que ya venía cargado de tensión. Días antes, durante una audiencia pública en Diputados, Enrique Viale había cuestionado con dureza la reforma y anticipado un escenario de judicialización. La presentación penal aparece ahora como el primer paso concreto en esa dirección.
Además, el posicionamiento político de Royon —quien ha votado en línea con el oficialismo en temas clave— suma un condimento adicional a un escenario que ya combina tensiones ambientales, intereses económicos y disputas partidarias.