“Festival de créditos”: piden investigar si hubo privilegios para libertarios en el Banco Nación
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei escaló en las últimas horas con una denuncia penal que apunta a posibles irregularidades en el acceso a financiamiento millonario por parte de dirigentes oficialistas. La presentación judicial quedó en manos de la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, quien pidió investigar si existió un uso privilegiado de fondos públicos.
Sospechas por montos y capacidad de pago
El eje de la denuncia gira en torno a lo que distintos sectores ya denominan un “festival de créditos”. Según la información surgida de registros de la Central de Deudores del Banco Central y procesada por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza accedieron a préstamos hipotecarios que, en conjunto, superarían los $2.500 millones.
Entre los nombres que aparecen en el relevamiento figuran el asesor económico Felipe Núñez, con una deuda inicial de $373 millones en febrero de 2025; el secretario de Finanzas Federico Furiase, con más de $367 millones en agosto; y el director de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, con un crédito superior a los $112 millones en diciembre.
Furiase y Núñez, funcionarios del área económica, junto a Javier Milei.
También se mencionan a los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones.
Frade advirtió que los montos otorgados “no se corresponderían con los ingresos ni la capacidad de repago” de los beneficiarios, y remarcó que las normas del Banco Central obligan a las entidades a evaluar no solo los ingresos sino también su estabilidad. “El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, sostuvo en su presentación.
Delitos bajo análisis y pedido de pruebas
La denuncia plantea la posible comisión de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y administración fraudulenta. Según el escrito, podría existir una “colusión” entre quienes solicitan los créditos y quienes los aprueban dentro de la entidad bancaria, lo que configuraría una “falla de dos llaves” en los controles.
En ese marco, la legisladora solicitó una batería de medidas de prueba: acceso a los legajos crediticios completos, revisión de las actas del directorio del Banco Nación que aprobaron las operaciones y peritajes contables para determinar si hubo perjuicio económico para la entidad.
El planteo se suma a un pedido de informes impulsado por el diputado Esteban Paulón, quien reclamó conocer las condiciones de otorgamiento, los montos y los controles aplicados sobre la cartera crediticia vinculada a funcionarios públicos. “El Banco público es de todos, y no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados”, expresó.
La defensa oficial y la postura del Banco Nación
Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones. Campero aseguró que no se trató de un crédito “discrecional ni excepcional”, mientras que Bongiovanni sostuvo que accedió a una línea en condiciones generales y cuestionó a la oposición. Ambos remarcaron que se trata de préstamos en UVAs abiertos a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos.
En medio de la controversia, el Banco Nación difundió un comunicado institucional en el que defendió su operatoria. La entidad aseguró que “nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina” son otorgados por el banco y destacó que ya concedió más de 27.000 préstamos en todo el país.
Además, sostuvo que el proceso es “homogéneo, sin excepciones” y con circuitos digitalizados que permiten escriturar en 30 días. Sin embargo, también se reconoce la existencia de líneas específicas para empleados del sector público, con condiciones diferenciales respecto de los clientes generales, como un mayor porcentaje de financiamiento sobre el valor del inmueble.
En su denuncia, Frade advirtió que, de confirmarse las irregularidades, los funcionarios involucrados podrían haber accedido a beneficios incompatibles con sus cargos: “Resulta evidente que los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”.