Medicamentos en la agenda: el proyecto de Kicillof que suma aliados inesperados
La discusión por la producción pública de medicamentos volvió a instalarse en la Legislatura bonaerense. El oficialismo busca reactivar una iniciativa que ya tuvo media sanción en Diputados, pero que naufragó en el Senado tras meses de tensiones políticas y falta de acuerdos.
Ahora, el escenario muestra matices distintos: la diputada radical Alejandra Lordén, presidenta del bloque UCR, reflotó un proyecto propio que, aunque con diferencias, apunta en la misma dirección.
El movimiento de Lordén no es menor. Médica de profesión y con trayectoria en temas sanitarios, la legisladora presentó una propuesta que establece un régimen de producción pública de medicamentos, materias primas, vacunas y productos médicos bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense.
La iniciativa, originalmente redactada en 2016, reaparece en un contexto de fuerte presión sobre el sistema sanitario por el aumento de costos y las dificultades de acceso a tratamientos. En ese marco, su planteo converge con el del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien impulsa la creación de una empresa estatal con participación mayoritaria del Estado.
Aunque difieren en la arquitectura institucional —sociedad anónima en el caso del Ejecutivo, esquema 100% estatal coordinado por el Ministerio en el texto radical— ambos proyectos comparten un diagnóstico: el mercado farmacéutico no logra garantizar acceso equitativo.
El trasfondo: costos, acceso y dependencia del mercado
La discusión no es nueva, pero se vuelve más urgente en un contexto económico adverso. Desde el oficialismo sostienen que la producción pública permitiría reducir costos, ampliar la cobertura y evitar la dependencia de un puñado de laboratorios.
En esa línea, Kreplak fue explícito durante el debate legislativo anterior al advertir que hospitales, obras sociales y prestadores privados “no pueden ser rehenes” de un mercado altamente concentrado. El objetivo, según planteó, es producir más a menor costo y garantizar accesibilidad.
El proyecto del Ejecutivo contempla una estructura con amplias facultades: investigación, producción, importación, exportación y comercialización de medicamentos, vacunas e insumos médicos. La idea es dotar al Estado de una herramienta con capacidad operativa y autonomía.
La propuesta radical: articulación y enfoque territorial
El texto de Lordén, en cambio, pone el foco en la articulación de capacidades ya existentes. La Provincia cuenta con una red de laboratorios públicos y hospitales con infraestructura para producir medicamentos, entre ellos el Laboratorio Central de Salud Pública “Tomás Perón”, además de establecimientos en La Plata, Avellaneda, Bahía Blanca y Olavarría.
La iniciativa propone organizar esa red bajo un régimen común, con planificación basada en perfiles epidemiológicos y necesidades regionales. También incluye un punto sensible: el desarrollo de medicamentos huérfanos, destinados a enfermedades poco frecuentes que suelen quedar fuera del interés del sector privado.
Además, prevé convenios con universidades para garantizar controles de calidad y fomentar la investigación, en un intento por vincular la política sanitaria con el sistema científico.
El Senado, el gran escollo
Más allá de los avances en Diputados, el antecedente inmediato marca que la verdadera batalla se libra en el Senado. Allí, el proyecto del Ejecutivo quedó trabado y terminó perdiendo estado parlamentario.
La falta de tratamiento dejó al descubierto no solo la resistencia de la oposición —que cuestionó la creación de nuevas estructuras y reclamó priorizar problemas como la situación del IOMA— sino también tensiones internas dentro del oficialismo. La decisión de no convocar a una sesión especial para tratar la iniciativa generó críticas desde sectores del propio peronismo.
Ese antecedente condiciona el nuevo intento del Gobierno. Si bien el respaldo parcial de sectores radicales puede abrir una ventana de negociación, el escenario sigue siendo incierto.
El debate por la producción pública de medicamentos expone algo más profundo que una política sectorial. En el fondo, se discute el rol del Estado en áreas estratégicas, en un contexto donde la crisis económica tensiona el acceso a bienes esenciales.
Cuando Kicillof anticipó que volverá a enviar el proyecto, lo hizo con una definición política clara: el acceso a la salud no puede quedar librado exclusivamente a la lógica del mercado. Esa premisa encuentra ahora eco parcial en sectores de la oposición, aunque persisten diferencias sobre el alcance y la forma que debería adoptar la intervención estatal.
El oficialismo necesita reconstruir mayorías y evitar los errores del pasado reciente. En ese equilibrio inestable, la producción pública de medicamentos vuelve a meterse en la agenda legislativa, con impacto directo en el sistema sanitario y en el bolsillo de millones de bonaerenses.