Puertos frenados, negociación empantanada y una cadena agroindustrial que empieza a crujir
La escalada del conflicto con transportistas autoconvocados en la provincia de Buenos Aires ya impacta de lleno en el corazón exportador del país. Con los puertos de Bahía Blanca y Necochea paralizados, entidades clave del agro y la logística advierten por pérdidas millonarias, incumplimientos contractuales y un deterioro que empieza a sentirse en toda la cadena productiva.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), presidido por Gustavo Idígoras, denunció que la actividad está virtualmente detenida por “prácticas extorsivas” en rutas bonaerenses. “La situación es insostenible: los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina”, señalaron en un comunicado que encendió alarmas en el sector.
El conflicto, que ya supera la semana, tiene como eje el reclamo de actualización tarifaria por parte de transportistas frente al aumento del gasoil. Aunque el agro reconoce el impacto del combustible, las diferencias sobre porcentajes y mecanismos de recomposición bloquearon cualquier acuerdo. En paralelo, la falta de avances en las mesas de negociación desarrolladas en territorio bonaerense profundiza la incertidumbre en plena cosecha gruesa.
Costos que se disparan y contratos en riesgo
El impacto económico ya tiene números concretos. Según la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), las pérdidas acumuladas alcanzan los USD 100 millones, producto de buques que no pudieron completar cargas, penalidades contractuales y desvíos hacia terminales en otros países.
Desde el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales, su presidente Marcos Hermansson fue aún más duro: “No estamos frente a una protesta legítima, sino ante acciones que ponen en jaque el cumplimiento de los contratos y el funcionamiento mismo de la cadena comercial agroindustrial”.
El diagnóstico que trazan es de efecto dominó. Los bloqueos afectan la circulación en rutas estratégicas, complican la llegada de mercadería a los puertos y generan sobrecostos operativos. En el medio quedan productores, acopios, cooperativas y fábricas, que ven cómo se tensiona la cadena de pagos y se deteriora la competitividad internacional.
“La continuidad de estas acciones, sumada al fracaso de las instancias de negociación, ya afecta seriamente las operaciones de exportación”, advirtieron. También apuntaron al Poder Judicial por la falta de respuestas rápidas: “Hechos de esta gravedad no pueden seguir desarrollándose en un marco de demora, pasividad o ausencia de decisiones oportunas”.
Seguridad, internas y un acuerdo que no alcanza
En paralelo, el Gobierno bonaerense busca contener el conflicto mientras expone la falta de intervención nacional. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, confirmó que hay unos 400 camiones involucrados en protestas distribuidas en entre 16 y 20 municipios, con episodios que derivaron en causas judiciales por “privación ilegítima de la libertad”.
“El aumento del combustible está impactando fuertemente en el orden del tránsito”, sostuvo, y remarcó que la situación “está generando complicaciones que alteran la vida de los ciudadanos”. En ese marco, cuestionó la ausencia de control del Gobierno nacional en el interior del país.
Las negociaciones, mientras tanto, siguen sin destrabarse. La Comisión Asesora del Transporte del Agro ya se reunió tres veces en abril sin lograr consenso. La Federación Argentina de Transportistas de Cargas (FATRAC) mantiene su reclamo de un aumento del 25,31%, mientras que sectores del agro, como CARBAP, rechazan que haya atraso tarifario.
El tablero se complejiza con internas dentro del propio sector transportista. La Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) aceptó un incremento del 14% y se desmarcó del resto, lo que generó tensiones pero fue bien recibido por el sector cerealero.
Ese acuerdo parcial fue celebrado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca junto con el Consorcio del puerto, aunque no logró normalizar la operatoria. De hecho, ante la persistencia de bloqueos, se reforzó la seguridad con efectivos bonaerenses y federales para “garantizar la libre circulación y la integridad física de los transportistas”.
En ese contexto, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, mantuvo reuniones con FADEEAC para analizar una nueva “tarifa orientativa” elaborada por el sector empresario. Cristian Sanz presentó una propuesta que contempla actualizaciones periódicas y pone el foco en el combustible como principal variable de costo.
Melina Berger, responsable técnica del esquema, explicó que el gasoil es “el componente más sensible dentro de los costos variables y el que explica gran parte de la presión sobre la tarifa”. La tabla proyecta valores que van desde $25.389 por tonelada para 100 kilómetros hasta más de $148.417 para trayectos de 1500 kilómetros, con una estadía fijada en $223.180 diarios.
Mientras tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino advirtió que la parálisis impacta en todos los niveles: “Hoy estamos todos afectados, productores que no cobran por no poder cargar, acopiadores y cooperativas, semilleros, insumos, fábricas, puertos y demás operadores comerciales, transportistas que pierden viajes, Estados provinciales y municipios que no recaudan, y finalmente el Estado nacional”.